El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín condenó a 27 personas a penas de entre 3 años y 9 meses y 24 años de prisión por su participación en una organización que, bajo la fachada del Templo Filadelfia, sometió durante casi cinco décadas a personas en situación de vulnerabilidad a un régimen de explotación laboral y reducción a la servidumbre.
La sentencia siguió el pedido del fiscal general Alberto Gentili y alcanzó a los principales responsables de la estructura, que operó desde 1972 hasta diciembre de 2020 con sede central en San Justo, partido de La Matanza, y ramificaciones en varias provincias, Paraguay y Brasil.
La condena más alta recayó sobre Eva Petrona Pereyra, de 81 años, considerada como jefa de la asociación ilícita y coautora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. Además, fue encontrada culpable de supresión de identidad, sustracción y retención de menores y falsedad ideológica de documento público.
Las penas y los delitos comprobados
El tribunal, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Nicolás Toselli, impuso penas de 24 años de prisión para Pereyra y de 21 años para Rigoberto Ismael Mora Bogado, también señalado como organizador y coautor de los delitos principales.
Otros ocho acusados —Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Noemí Lemos, Norma Beatriz Gutiérrez, Mónica Susana Gutiérrez, Guillermo David Alza, María Luisa Alza y Martín Carlos Cáceres— recibieron 18 años de prisión como coautores de asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata laboral agravada.
Las penas continuaron con 15 años para Ruth Mora Bogado y 14 años para otros seis imputados, mientras que el resto recibió condenas de entre 10 años y 9 meses y 3 años y 9 meses. Dos de los acusados fueron absueltos de los cargos de trata agravada y reducción a la servidumbre, pero condenados por asociación ilícita.
Durante el juicio, que comenzó el 23 de octubre de 2024, declararon más de 200 testigos y se analizaron casi cinco décadas de funcionamiento de la organización. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 18 de noviembre.
Reparaciones económicas y decomiso de bienes
El tribunal fijó reparaciones económicas para 27 víctimas, con montos individuales que van desde $2.538.284 hasta $223.338.864, actualizables según la tasa activa del Banco Nación. El total supera los $2.170 millones.
Además, se ordenó el decomiso de 46 inmuebles en distintas provincias, 12 vehículos y el dinero secuestrado en moneda nacional y extranjera. También se dispuso la subasta de otros 15 automotores y la baja de la inscripción del Templo Filadelfia en el Registro Nacional de Cultos.
Entre otras medidas, el tribunal declaró la nulidad de dos matrimonios celebrados entre víctimas, dispuso la destrucción de dispositivos electrónicos secuestrados y ordenó remitir testimonios para investigar posibles delitos vinculados con la atención médica de las víctimas.
Un imperio construido en nombre de Dios
Según la investigación, la organización tuvo su sede principal en San Justo, partido de La Matanza, aunque llegó a expandirse a distintas provincias como Buenos Aires, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Neuquén y Mendoza, pero también a países como Paraguay y Brasil.
Para los investigadores, el grupo funcionó al menos desde 1972 hasta diciembre de 2020 y tuvo como víctimas a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
La figura central era Eva Petrona Pereyra, conocida entre los fieles como “La Tía Eva”. Hoy tiene 81 años y es la principal condenada.
Según describieron en el debate, operaba junto a su hermana Divina Luz Pereyra y su sobrina Adriana del Valle Carranza, ambas fallecidas.
Pero el expediente sostiene que el funcionamiento de la organización iba mucho más allá de una sola persona. Los investigadores describieron una estructura jerárquica con distintos niveles de mando, encargada de controlar todos los aspectos de la vida de los fieles.
Durante su alegato, Gentili aseguró que las víctimas fueron sometidas a un sistema de “aislamiento, disciplinamiento y alienación” que se prolongó durante años.
“Tenían un control absoluto sobre los cuerpos y las mentes”, resumió el fiscal al describir el mecanismo que, según la acusación, permitió sostener la organización durante décadas.
Niños sin escuela y jornadas interminables de trabajo
Las denuncias comenzaron a tomar fuerza cuando antiguos integrantes se animaron a contar lo que ocurría dentro del templo.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de Julieta Coria, quien relató a Telenoche que dejó la escuela primaria cuando tenía apenas 11 años porque le ordenaron dedicarse a vender pan para la congregación.
De acuerdo con la acusación fiscal, los miembros de la “comunidad” sustraían a esos menores a sus padres biológicos para inscribirlos luego como hijos de varias mujeres de la organización.
Además, se pudo establecer que los detenidos cometieron instigación al suicidio en perjuicio de un joven que se había reconocido como homosexual, hecho por el que sufrió permanentes hostigamientos y agresiones.
Los fiscales pudieron comprobar que la finalidad de la organización era obtener mano de obra gratuita mediante tres actividades principales, como trabajos domésticos, producción y venta de panificados y tareas de albañilería y construcción.
Las víctimas describieron jornadas extensas, sin salario, sin aportes, sin vacaciones y sin posibilidad de decidir sobre su propio futuro.
“La finalidad última era la explotación laboral”, afirmó Gentili durante el juicio, y señaló que la estructura se beneficiaba económicamente del trabajo de sus integrantes sin otorgarles ningún tipo de contraprestación.
Las “Fiestas del Señor” y las denuncias de abusos
Otra de las facetas más oscuras del expediente está relacionada con los abusos sexuales denunciados por varias víctimas.
Durante la investigación surgieron relatos vinculados a las llamadas “Fiestas del Señor”, celebraciones religiosas que reunían a miembros de distintas sedes de la organización.
Según declararon exintegrantes, esos encuentros incluían rituales que eran presentados como manifestaciones espirituales, pero que derivaban en situaciones de abuso y sometimiento.
El fiscal sostuvo que existieron tocamientos, frotamientos y otros actos sexuales que eran justificados por los líderes del grupo como “prácticas religiosas”.
La acusación también apunta a que la organización intervenía directamente en la vida afectiva de sus miembros. Los testigos que pasaron por el juicio describieron que hubo matrimonios arreglados por las autoridades del culto y castigos para quienes no aceptaban esos arreglos.
