Córdoba: dictan el procesamiento del camarista federal Sánchez Torres
El máximo órgano de la justicia federal en Córdoba, la Cámara Federal de Apelaciones, está en el ojo de la polémica por la investigación de dos de sus integrantes: los camaritas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. Abel Sánchez Torres fue procesado por decisión del juzgado federal de Córdoba nº2

El máximo órgano de la justicia federal en Córdoba, la Cámara Federal de Apelaciones, está en el ojo de la polémica por la investigación de dos de sus integrantes: los camaritas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi.
Abel Sánchez Torres fue procesado por decisión del juzgado federal de Córdoba nº2 a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes por los delitos de abuso de autoridad en la causa “Humanes” y por lesiones graves calificadas por violencia de género en contra de la secretaria judicial Celina Laje Anaya.
Por su parte, Graciela Montesi fue sobreseída y recibió la falta de merito en otro de los hechos donde ambos estaban sindicados por el delito de abuso de autoridad.
Los graves cargos son impulsados por el Ministerio Público Fiscal (representado por los fiscales Pablo Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián).
DOS HECHOS
*Causa "Padilla": A fines de 2023, los magistrados habrían manipulado la integración de la Sala A de la Cámara para evitar la intervención legal de la jueza subrogante Liliana Navarro, logrando dictar un fallo favorable de manera irregular e infringiendo el principio del juez natural.
*Causa "Humanes": este hecho sucedió en diciembre de 2023. Según las subrogancias, de acuerdo a la ley 27.439 y el acuerdo 316/2023, Sánchez Torres tomó decisiones yendo en contra de eso, disponiendo que la Sala B de la Cámara Federal fuera integrada con Montesi.
Aquí la denunciante Celina Laje Anaya, que era secretaria penal de la Cámara, advirtió la irregularidad y se negó a hacer el certificado de esa conformación del tribunal por ir en contra del marco normativo. Sin embargo, según la acusación, Torres siguió y hasta dispuso la conformación vía decreto dándole el tramite de “preferente despacho” al expediente. Aquí se habría configurado el delito de abuso de autoridad.
Por su parte, el delito de lesiones graves calificadas por violencia de género, se generaron por el maltrato y hostigamiento que Torres aplicó contra Laje Anaya, por haberse negado a confeccionar ese certificado de conformación del tribunal. La junta médica determinó que la mujer tenía un “trastorno por estrés post-traumático - episodio depresivo moderado”. Depresión, crisis de ansiedad y pánico y demás fueron los padecimientos y estuvo más de un año de licencia. Aqui, la camarista Graciela Montesi quedó sobresida parcialmente.
Ambos hechos están vinculados a investigaciones por evasión tributaria relacionadas con la cerealera Bunge.



