El magistrado Alexandre de Moraes pidió este jueves que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil investigue a su colega André Mendonça por presunto abuso de autoridad, improbidad administrativa y delito de responsabilidad, en una nueva escalada de la crisis que enfrenta a dos jueces de la máxima corte por la investigación sobre el Banco Master.
Mendonça, integrante del STF desde 2021 y ex ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, había ordenado dos días antes divulgar un informe de la Policía Federal que expone comunicaciones entre Moraes y el banquero Daniel Vorcaro, principal acusado en el caso.
La presentación de Moraes fue enviada al presidente del Supremo, Edson Fachin, para que adopte las medidas que considere correspondientes. El magistrado sostiene que existen indicios de que Mendonça habría actuado de manera irregular al supervisar las investigaciones conocidas como Operación Compliance Zero y Operación Sem Desconto, relacionadas con el caso Banco Master.
Moraes utilizó para formular su pedido el denominado “Inquérito das Fake News”, una investigación abierta por el Supremo en 2019 para investigar ataques contra la Corte, sus integrantes y las instituciones democráticas. El expediente se convirtió durante los últimos años en uno de los principales instrumentos utilizados por el tribunal para perseguir campañas de desinformación y amenazas contra sus magistrados.
El nuevo enfrentamiento comenzó a tomar forma cuando Mendonça decidió levantar el secreto de un informe de la Policía Federal elaborado a partir del teléfono de Vorcaro. El documento contiene comunicaciones que involucran a Moraes y otros actores públicos y privados y permitió conocer detalles hasta entonces reservados de la investigación.
Según Moraes, su colega habría excedido las funciones propias de la supervisión judicial y asumido atribuciones que correspondían a las autoridades policiales encargadas de la investigación. También cuestionó la manera en que Mendonça habría conducido las conversaciones relacionadas con una posible colaboración premiada de Vorcaro.
La acusación incluye además una supuesta selección de objetivos dentro de la investigación. Moraes sostiene que Mendonça habría dirigido determinadas actuaciones contra personas específicas por “motivos personales y políticos”. Entre los nombres mencionados figuran el propio Moraes y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre.
El magistrado cuestionó especialmente la imparcialidad con la que, según su interpretación, Mendonça habría ejercido el control judicial del expediente. En su presentación habla de “indicios crecientes de enviesamiento” y de un progresivo direccionamiento de la línea investigativa. También denuncia una posible “quiebra de la cadena de custodia de las pruebas incautadas”.
Antes de llegar a la Corte, Mendonça había dirigido la Abogacía General de la Unión y ocupado el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Moraes se convirtió en uno de los principales antagonistas judiciales del bolsonarismo. Sin embargo, la investigación que originó el actual conflicto no está vinculada directamente con la disputa electoral entre ambos sectores, sino con las sospechas surgidas alrededor del Banco Master y su antiguo propietario.
El banco fue liquidado extrajudicialmente por el Banco Central en noviembre de 2025 después de que las autoridades detectaran irregularidades y un esquema de fraudes de gran magnitud. Vorcaro fue detenido inicialmente en noviembre de ese año cuando intentaba abandonar Brasil en un avión privado. Tras recuperar la libertad, volvió a prisión preventiva en marzo de 2026.
La investigación sobre el empresario se amplió después de que la Policía Federal analizara su teléfono. Los investigadores encontraron comunicaciones con empresarios, abogados y funcionarios y reconstruyeron contactos destinados, presuntamente, a obtener información o gestiones relacionadas con las investigaciones que afectaban al banco.
Entre los elementos examinados figura también un contrato por 131 millones de reales, unos 25,5 millones de dólares, entre el Banco Master y el estudio jurídico de Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado. De acuerdo con la investigación policial, Moraes habría intervenido en la modificación del documento.
Los investigadores también identificaron mensajes en los que Vorcaro habría buscado ayuda o protección de otras autoridades. Entre los nombres mencionados aparecen el fiscal general Paulo Gonet y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. La pesquisa busca determinar el alcance de esos contactos y si existieron gestiones destinadas a influir sobre las investigaciones.
Uno de los elementos más controvertidos es que no se conocen todas las respuestas de Moraes a los mensajes del banquero. Según los investigadores, el magistrado utilizaba mensajes de visualización única y su teléfono no fue incautado, por lo que parte de las comunicaciones no pudo ser recuperada.
La crisis también provocó una reacción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario calificó el escándalo del Banco Master como “el mayor robo de la historia de Brasil” y reclamó que las investigaciones alcancen a todos los involucrados.
“Nuestra democracia no puede quedar rehén de filtraciones selectivas”, escribió Lula, quien pidió al presidente del Supremo y a la Procuraduría General de la República que conduzcan un proceso capaz de preservar la integridad de las investigaciones.
“Es fundamental que se investigue a todo el mundo, sin blindaje de nadie, duela a quien duela”, agregó el presidente.
