La cuenta de Los Más Buscados del FBI en la red social X recordó este miércoles la recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de la mexicana Griselda Margarita Arredondo Pinzón, señalada como operadora financiera de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El mensaje describe a Arredondo Pinzón como presunta “alta ejecutiva financiera de un potente cártel transnacional y organización terrorista extranjera designada en México”. La cuenta añadió que es buscada por dirigir un esquema internacional de fraude dirigido a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México.
¿Quién es Griselda Margarita Arredondo Pinzón?
Griselda Margarita Arredondo Pinzón nació el 1 de junio de 1990 en Puerto Vallarta, Jalisco. Es contadora de profesión y, según documentos judiciales, participó en el esquema de fraude desde aproximadamente 2012.
Arredondo Pinzón trabajaba en la oficina central del CJNG que coordinaba y supervisaba las operaciones de los call centers dedicados a estafar a propietarios de tiempos compartidos. Desde ahí supervisaba la recepción y el lavado de los fondos obtenidos de las víctimas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses.
Arredondo Pinzón forma parte de una lista de ocho integrantes del CJNG por los cuales Estados Unidos ofrece en conjunto hasta 100 millones de dólares en recompensas, anunciado el 5 de agosto de 2026.
Es media hermana de El Tarjetas
Arredondo Pinzón es media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, identificado como cofundador y líder del Grupo Elite, el brazo armado del CJNG. El Departamento de Justicia acusó también a Montero Pinzón de fraude electrónico en tiempos compartidos y lavado de dinero, en el mismo expediente presentado en Brooklyn.
Montero Pinzón tiene 44 años y fue sancionado por primera vez por la OFAC en junio de 2022, redesignado en agosto de 2025 y acusado formalmente en septiembre de ese mismo año. El organigrama que la OFAC publicó el 23 de julio de 2026 lo ubica en el tercer nivel de mando del CJNG, junto a Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”.
Montero Pinzón cofundó el Grupo Elite junto con Rivera Varela; ambos habrían tenido más de 1,000 personas bajo su mando y controlado la plaza de Guadalajara, una de las más estratégicas del cártel. Las autoridades mexicanas lo señalan también como presunto autor intelectual del ataque contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ocurrido el 26 de junio de 2020 en Lomas de Chapultepec.
En ese ataque murieron dos escoltas y una mujer que transitaba por el lugar; García Harfuch recibió impactos de armas Barrett .50, AK-47 y R-15. Montero Pinzón también fue vinculado al ataque en la Plaza Artz Pedregal en julio de 2019, donde murieron dos ciudadanos extranjeros. Por su captura, Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares, monto que sumado a la recompensa por Arredondo Pinzón alcanza los 12 millones de dólares por ambos hermanos.
Así opera su esquema de fraudes
El esquema de fraudes que sigue la operadora financiera del CJNG no nació con ella. Fue un abogado y empresario mexicano, Omar Aguirre Barragán, ya fallecido, quien lo enseñó al cártel alrededor de 2012 y buscó su apoyo para desplazar a rivales que ya lo practicaban en Puerto Vallarta. Con el tiempo, la organización tomó control directo del negocio y eliminó a Aguirre como intermediario.
Los operadores, que dominaban el inglés, contactaban desde call centers en Jalisco a ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en México. Se presentaban como corredores inmobiliarios, abogados o representantes de ventas y ofrecían comprar o rentar las propiedades a precios de mercado o superiores. Las víctimas más frecuentes eran adultos mayores con propiedades de lujo que ya no usaban.
Para concretar la operación, las víctimas debían pagar por adelantado impuestos, costos de cierre, honorarios de abogados o tarifas de depósito. Una vez realizados los pagos, los estafadores desaparecían o exigían más dinero bajo nuevos pretextos. Las propiedades nunca se vendían ni se rentaban.
Quienes caían en el esquema inicial no quedaban a salvo. El cártel volvía a contactarlos meses o años después, ahora haciéndose pasar por abogados estadounidenses o funcionarios de gobierno que ofrecían recuperar el dinero perdido, siempre a cambio de nuevos pagos. Los estafadores llegaban a suplantar la identidad de la propia OFAC y de autoridades internacionales como Interpol para presionar con amenazas de arresto.
El dinero de las víctimas se transfería mediante depósitos electrónicos a empresas fantasma mexicanas con cuentas en bancos o casas de bolsa, desde donde se movía a otros fideicomisos controlados por el cártel para financiar tráfico de drogas, pagar a miembros de la organización o adquirir bienes raíces de lujo en ciudades turísticas.
Entre 2019 y 2024, cerca de 6,000 víctimas en Estados Unidos reportaron pérdidas por aproximadamente 350 millones de dólares vinculadas a este esquema. Según el FBI, el 80% de las víctimas nunca lo reporta por vergüenza u otras razones, por lo que las pérdidas reales superarían con amplitud esa cifra.
