La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 50 años de prisión contra Marco Adán Andalón Guevara, Jesús Eduardo Hernández Encinas y Gloria Michel García Medellín, integrantes de una banda de secuestradores presuntamente ligada al Cártel del Golfo, que operaba en Tamaulipas. La condena se dictó por los delitos de secuestro agravado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Un juez federal determinó una pena por el delito de secuestro agravado y otra distinta y adicional por portación de arma de fuego. La condena responde a hechos ocurridos en Tamaulipas, donde el grupo criminal mantenía privada de la libertad a una víctima antes de su rescate en 2024.
La condena impuesta por el juez federal
La autoridad judicial fijó la pena tras el análisis de las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF). El resultado fue una condena de 50 años de prisión por secuestro agravado, sumada a dos años más por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
En total, los tres integrantes del grupo criminal enfrentan una pena combinada superior a las cinco décadas de encarcelamiento. Se trata de una de las sanciones más severas dictadas recientemente contra una célula dedicada al secuestro en la entidad.
La reparación integral del daño a favor de la víctima aún no fue determinada. Según la información compartida por la FGR, ese monto se ajustará en la etapa de ejecución de la pena, una vez que la sentencia quede firme.
El papel de la investigación federal
La condena fue posible gracias al trabajo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, dependiente del MPF. Esa unidad reunió los elementos probatorios que permitieron sostener la acusación ante el juez.
La FGR precisó que la investigación contó con el respaldo de peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Ese equipo participó tanto en la labor de campo como en el análisis técnico del caso.
La combinación de pruebas periciales y testimoniales resultó determinante para que la autoridad judicial estableciera la responsabilidad penal de los tres acusados en ambos delitos.
La detención derivada de una denuncia anónima
El caso se originó a partir de una denuncia anónima presentada en 2024. La información recibida permitió ubicar a los responsables en el ejido de San Francisco, municipio de Hidalgo, Tamaulipas.
Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas ejecutaron el operativo que terminó con la detención de Marco N, Gloria N y Jesús N. Durante la intervención, los agentes aseguraron armamento en poder del grupo.
La acción permitió, además, el rescate de una víctima que se encontraba privada de su libertad. Ese rescate constituyó un elemento clave para la posterior integración de la carpeta de investigación por parte del MPF.
La vinculación con el Cártel del Golfo
Los tres sentenciados guardan presuntamente relación con el Cártel del Golfo, organización con presencia histórica en Tamaulipas. El grupo se dedicaba específicamente a la comisión de secuestros en la región.
El Cártel del Golfo (CDG) es considerado uno de los grupos criminales más antiguos de México. Su origen se remonta a la década de 1930 en Matamoros, Tamaulipas, cuando Juan Nepomuceno Guerra comenzó con el contrabando de licor hacia Estados Unidos durante la Ley Seca.
La organización se consolidó como cártel de narcotráfico en 1984, cuando Juan García Ábrego asumió el control del negocio criminal de su tío. Estados Unidos clasificó al CDG como organización terrorista extranjera.
Actualmente el cártel ya no opera como una estructura unificada. Está fragmentado en facciones rivales que compiten por el control territorial en Tamaulipas, entre ellas Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Metros, Los Rojos y Las Panteras.
Estos grupos mantienen su centro de operaciones en las ciudades fronterizas de Matamoros y Reynosa, cercanas a Texas. Desde ahí trafican drogas, armas y migrantes, además de operar esquemas de extorsión y contrabando de combustible, de acuerdo con un análisis de InSight Crime.
La fragmentación del CDG dificulta identificar una estructura de mando única. Cada facción mantiene liderazgo y control territorial propios, en un contexto de disputas internas y de presión creciente por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en municipios del norte de Tamaulipas.
