El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, puso fin a la suspensión general del porte de armas de fuego que se mantenía desde 2015, una decisión que devuelve eficacia a los permisos individuales vigentes, pero no supone una autorización para que cualquier ciudadano pueda comprar o llevar un arma. El Gobierno defiende la medida como un mecanismo de legítima defensa frente a la delincuencia, mientras sus críticos advierten de que una mayor presencia de armas entre civiles puede facilitar el desvío de armas legales hacia el mercado ilegal y debilitar el monopolio estatal de la fuerza. ¿La medida contribuiría a un aumento de la violencia en el país? A continuación, las claves de la medida.