
Jesús Vizcarra Calderón, empresario sinaloense y fundador de SuKarne y Salud Digna, ha sido recibido en varias ocasiones en Palacio Nacional durante las últimas semanas para reunirse con integrantes del gobierno de Claudia Sheinbaum y promover proyectos relacionados con el sector salud. Sin embargo, su presencia en la sede del Poder Ejecutivo ocurre bajo la sombra de acusaciones y señalamientos que durante más de cuatro décadas lo han relacionado con figuras históricas del narcotráfico en Sinaloa.
La información fue revelada en la columna “Estrictamente Personal” de este jueves, titulada “El increíble invitado a Palacio”, del periodista Raymundo Riva Palacio.
De acuerdo con el columnista, Vizcarra se ha reunido en cuatro ocasiones durante las últimas semanas con la presidenta y miembros del gabinete, en un momento en que también existen reportes periodísticos sobre una posible venta de SuKarne, empresa valuada en alrededor de 2 mil millones de dólares, según estimaciones citadas por Reuters.
Vizcarra siempre ha negado cualquier relación con el narcotráfico y, pese a los señalamientos que han aparecido durante décadas en investigaciones periodísticas y documentos de inteligencia, nunca ha sido sometido a un proceso judicial por esas acusaciones.
El empresario que busca contratos para Salud Digna
Según Riva Palacio, el empresario acudió a Palacio Nacional para promover Salud Digna, la asociación civil fundada por Vizcarra que ofrece servicios médicos y estudios de laboratorio a bajo costo.

Como resultado de esas conversaciones, el empresario habría sostenido la semana pasada una reunión con el gabinete del sector salud, integrado por la Secretaría de Salud, el IMSS, IMSS-Bienestar y el ISSSTE, encabezados por el secretario David Kershenobich.
Durante el encuentro, se habrían abordado proyectos relacionados con la interpretación radiológica a distancia, el uso de inteligencia artificial para ultrasonidos, mastografías, rayos X y electrocardiogramas, así como servicios de óptica.
La propuesta presentada por Vizcarra estaría dirigida principalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social e incluiría la creación de las llamadas Clínicas de Diagnóstico del Bienestar y un Centro Nacional de Interpretación Radiológica.
De acuerdo con la columna, Salud Digna aportaría equipos, tecnología, capacitación y proyectos hasta que las iniciativas alcanzaran la madurez suficiente para ser transferidas al gobierno federal.
Hasta ahora no se conoce qué contratos o proyectos podrían ser asignados a las empresas o instituciones vinculadas con Vizcarra.

La fotografía con “El Mayo” y los documentos del Cisen
El nombre de Jesús Vizcarra volvió a colocarse en el centro de las sospechas en 2009, cuando el diario Reforma publicó una fotografía en la que aparecía junto con Ismael “El Mayo” Zambada.
La imagen, tomada durante una celebración religiosa en el rancho Puerto Rico, en las cercanías de Culiacán, mostraba también a otros personajes vinculados históricamente con el entorno criminal sinaloense.
Vizcarra era entonces alcalde de Culiacán.
Meses después, la revista Proceso publicó información sobre una ficha del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la que se señalaba que el Grupo Viz/SuKarne habría tenido, según ese documento de inteligencia, relación con operaciones financieras atribuidas a Inés Calderón Quintero, un narcotraficante sinaloense.
El documento citado por la revista sostenía que las primeras actividades empresariales relacionadas con la compra y venta de ganado habrían servido presuntamente para “blanquear” recursos ilícitos.
Estas versiones nunca derivaron en un proceso judicial contra Vizcarra, quien ha rechazado públicamente tener vínculos con organizaciones criminales.

El avión prestado a Rocha Moya
La columna de Riva Palacio también recuerda otro episodio que volvió a colocar a Vizcarra bajo los reflectores en 2024.
Después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicó que ese día no se encontraba en la reunión a la que, según los señalamientos de Zambada, había sido convocado.
Rocha sostuvo que había viajado a Los Ángeles en un avión prestado por Jesús Vizcarra.
El empresario explicó entonces que facilitó la aeronave debido a una amistad de 28 años con la familia del gobernador.
La relación entre ambos volvió a ser cuestionada en medio de la crisis política y criminal que se desató en Sinaloa tras la captura de Zambada.
Un empresario sin acusaciones judiciales
El punto central planteado por Raymundo Riva Palacio es la contradicción política que representa la eventual incorporación de Vizcarra como proveedor relevante del gobierno federal.
El empresario no enfrenta una acusación judicial por narcotráfico, por lo que no existe, de acuerdo con la información expuesta en la columna, un impedimento legal automático para que participe en contratos públicos.
Sin embargo, el historial de señalamientos, sus presuntas relaciones con personajes del entorno del Cártel de Sinaloa y el contexto actual de la presión de Estados Unidos contra organizaciones criminales y sus redes de apoyo convierten cualquier relación gubernamental con Vizcarra en un asunto políticamente sensible.
Mientras se desconoce qué proyectos podrían concretarse entre Salud Digna y las instituciones federales, Jesús Vizcarra vuelve a ocupar un lugar incómodo en la conversación pública: el de uno de los empresarios más poderosos de Sinaloa cuya trayectoria ha estado acompañada, durante décadas, por acusaciones que nunca llegaron a convertirse en un proceso judicial, pero que ahora resurgen con sus visitas a Palacio Nacional.




