La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, cuestionó el manejo de un teléfono celular que su cliente entregó voluntariamente a la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en la entidad.
El abogado penalista José Luis Moreno afirmó que hubo una posible ruptura de la cadena de custodia tras la divulgación de fragmentos que, según sostuvo, corresponderían a información reservada del proceso. Moreno señaló que un medio de comunicación contactó a la defensa con preguntas sobre contenidos que estarían vinculados con el dispositivo y con las investigaciones por el escándalo de corrupción en la entidad.
Para el defensor, ese hecho obliga a establecer el origen de los datos, las condiciones de su extracción y las personas que pudieron consultarlos. “Hay que saber quién tuvo acceso”, expresó Moreno.
El abogado indicó que la entrega del equipo estuvo acompañada de condiciones relacionadas con el uso y el acceso a los archivos. A su juicio, poner el celular a disposición de la Fiscalía no equivalía a permitir una consulta sin límites, una reproducción total o la difusión de conversaciones, audios, fotografías y otros documentos almacenados.
La defensa pidió establecer el recorrido de los archivos
El representante de López solicitó identificar quién recibió el aparato, quién realizó el procedimiento de extracción, cuántas copias se produjeron, dónde quedaron almacenadas y qué funcionarios o terceros accedieron luego a ese material.
Moreno mencionó las reglas previstas en la Ley 906 de 2004 sobre preservación de elementos materiales probatorios. Según explicó, esas disposiciones buscan asegurar que los archivos mantengan autenticidad e integridad desde su recolección hasta su incorporación en una actuación judicial.
La defensa advirtió que las filtraciones pueden afectar la lectura de los datos si se divulgan apartes aislados. “Un fragmento puede cambiar el sentido”, precisó el abogado al referirse a conversaciones y registros extraídos de un entorno más amplio.
El planteamiento no cuestiona únicamente la posible salida de información sometida a reserva. También apunta a la manera en que eventuales extractos pueden llegar a la opinión pública sin el proceso temporal, las respuestas previas o posteriores y las circunstancias en las que fueron producidos.
Moreno alertó sobre contenidos difundidos fuera de contexto
El abogado sostuvo que una conversación puede ser auténtica y, aun así, ofrecer una imagen incompleta si se presenta de forma parcial. En ese escenario, indicó, pueden atribuirse a testigos o involucrados ciertas afirmaciones que no corresponden al sentido integral de sus declaraciones.
“La verdad judicial no se construye con filtraciones”, afirmó Moreno. El defensor insistió en que cualquier elemento con incidencia en el expediente debe contrastarse con el archivo original y someterse a los procedimientos de verificación y contradicción previstos dentro del proceso penal.
También hizo referencia a las posibilidades de edición que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial. De acuerdo con su argumento, esas tecnologías pueden modificar, reconstruir o enlazar segmentos de audio, texto e imagen hasta generar contenidos con apariencia de originalidad.
La defensa sostuvo que ese riesgo refuerza la necesidad de conservar registros completos, con sus metadatos y mecanismos de trazabilidad. Moreno consideró que la discusión debe centrarse en el origen de cada archivo, su preservación y la posibilidad de que las partes revisen el contenido sin alteraciones.
El celular fue entregado de forma voluntaria por López
El teléfono al que se refirió la defensa fue aportado por Olmedo López en el proceso de las actuaciones que adelanta la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción en la Ungrd en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La denuncia pública de Moreno se produjo después de que la defensa recibiera consultas periodísticas sobre material que consideró reservado.
Hasta el momento, el abogado no precisó cuáles fueron los fragmentos que habrían llegado a medios ni señaló públicamente a una persona o dependencia como responsable de una eventual filtración.
Por último, Moreno pidió que las autoridades garanticen la revisión técnica de los archivos y que cualquier información usada en el proceso sea examinada en su versión íntegra. “Debe confrontarse con la fuente original”, concluyó el defensor.
