La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, volvió a cuestionar la orden del presidente Abelardo de la Espriella de identificar y deportar a extranjeros con situación migratoria irregular en Colombia, al advertir que esa población conserva sus derechos fundamentales sin importar su estatus jurídico.
Luego de que el miércoles 9 de septiembre ella se refirió a la medida fue anunciada el 23 de agosto, durante un consejo de seguridad en Barranquilla, y que plantea operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía, Marín compartió algunas aclaraciones luego de que se difundieron sus declaraciones iniciales, en las que afirmó que “lo importante es saber que las personas migrantes tienen derechos”.
“Aquí una precisión: hay que garantizar los derechos humanos de todas las personas, también las migrantes, independientemente de la situación jurídica en la regularización en el país”, inicia la publicación de la funcionaria vía X la noche del jueves 10 de septiembre.
Marín se mostró a favor de luchar contra la criminalidad, uno de los principales retos para la administración de De la Espriella. No obstante, ella recalcó que esto “es un objetivo legítimo y necesario del Gobierno, sin embargo, la acción de persecución del delito de parte de las autoridades no puede basarse en el origen nacional”.
En el mismo mensaje, la defensora del Pueblo reafirmó que “la irregularidad en la situación migratoria NO es delito”, y que “las infracciones administrativas al régimen migratorio deben tramitarse por esa vía, la administrativa (no la penal)”.
Sobre este anuncio, que en su mayoría tiene en zozobra a miles de venezolanos que no han logrado regularizar su estatus migratorio en el país, Marín recordó que “las personas migrantes pueden tener necesidades de protección internacional (haber salido de sus países por persecución política o necesidades socioeconómicas extremas). Eso ocurrió a muchas personas de origen venezolano en nuestro país”.
Al final de su publicación, la funcionaria hizo hincapié en que “confundir la situación migratoria con el delito estigmatiza y genera discriminación”, y que “perseguir a un grupo de personas por su origen nacional constituye xenofobia”.
De acuerdo con lo que ha mencionada hasta el momento el presidente De la Espriella, la prioridad serán los extranjeros presuntamente vinculados con actividades delictivas; después, quienes no hayan regularizado su permanencia en el país.
La instrucción se produce mientras Colombia mantiene una migración venezolana sostenida. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, para 2025 podrían residir hasta tres millones de venezolanos en territorio colombiano.
Marín Ortiz señaló que no existen documentos oficiales que corroboren la petición presidencial, pero pidió que las eventuales actuaciones estatales respeten las garantías de los migrantes.
“Lo importante es saber que las personas migrantes tienen derechos. Sobra decir, los derechos humanos son de todas las personas, y las personas migrantes también tienen derechos, independientemente de la situación jurídica que tengan la regularización en el país”, expresó Marín en sus declaraciones del miércoles 9 de septiembre.
