
La discusión en el Pacto Histórico alcanzó un nuevo punto de quiebre tras el reciente mensaje del abogado Miguel Ángel del Río, que respaldó el reclamo de la senadora Carolina Corcho contra cinco congresistas de la coalición que hacen parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en relación con el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez; aunque también recordó las actuaciones del también congresista Iván Cepeda.
La controversia, que gira en torno a lo que podría ser el traslado del expediente contra el expresidente a la célula legislativa, en un conflicto de competencias con la Fiscalía General de la Nación, sacó a la luz una serie de fracturas en el bloque oficialista y puso bajo la lupa el futuro de la unidad política: que durante el presente cuatrienio ejerce como colectivo de oposición a la administración de Abelardo de la Espriella.

“Carolina Corcho tiene todo el derecho a exigir explicaciones de su bancada. Iván Cepeda firmó una carta junto a nosotros donde le pedimos a la fiscalía que niegue la competencia de la comisión. Nada justifica lo que hicieron los 5 congresistas. NADA”, señaló el togado, que insistió en el rechazo a la decisión de los congresistas, que causó un remezón interno que llevó, incluso, al expresidente Gustavo Petro, líder del partido, a negar supuestas divisiones.
La reacción de Del Río se produjo después de que cinco representantes a la Cámara del Pacto Histórico, como Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra, votaron a favor de solicitar el traslado del expediente por las masacres de El Aro y La Granja a la Comisión de Acusaciones; una decisión que ha sido interpretada en diversos sectores como un posible favorecimiento a la defensa de Uribe.
“No todo vale en política y hay límites que no vamos a cruzar. Si van a perder la dignidad y el respeto por las víctimas no cuenten conmigo. Eso no es progresismo”, agregó en otro de sus mensajes.
Así fue el cruce entre Carolina Corcho e Iván Cepeda
La discusión se intensificó cuando Corcho lanzó un duro mensaje a Cepeda. “No querido Iván, no es aceptable proponer un pacto de silencio frente un hecho de tanta gravedad: las masacres de las que hablamos costaron vidas, hubo torturas, desplazamiento, y sufrimiento de miles de personas. Hay líneas éticas que no pueden correrse, de lo contrario, este proyecto político dejará de tener sentido”, djo la congresista, aunque luego borró el mensaje.
Para Corcho no era aceptable, “desde ningún punto de vista”, que congresistas del partido “hayan abierto una puerta para la impunidad del señor Uribe”, al “votar una proposición que está en la línea de dilación de la defensa de un señor que ha gozado de la impunidad”. Por ello, indicó que fue un “golpe al corazón defensa los campesinos torturados por las AUC; sus familias, las víctimas y los defensores de derechos humanos que los denunciaron”.

Pese a que eliminó su publicación al recibir una dura respuesta de Cepeda, Corcho encontró eco en sectores de la opinión pública, que han exigido explicaciones a la bancada sobre el criterio que motivó el voto de los cinco parlamentarios en relación con este expediente: en el que la Fiscalía imputaría al ex jefe de Estado la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida.
A la acusación de la senadora, el excandidato presidencial respondió en redes sociales y recordó sus luchas frente a su contradictor político, al pedir, según él, que no se sumaran a los ataques que “ya hacen desde la extrema derecha” contra los que han adelantado “con tanta dificultad, amenazas y sacrificios esta lucha”; en una réplica en el que el congresista incluso fue más allá y habló de cómo la “ambició política debe tener límite”.

“He sido quien sostuvo un largo proceso con el expresidente Uribe que produjo su condena judicial. Soy uno de los fundadores del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, he librado por décadas la lucha por la verdad y la justicia con relación al genocidio de la UP, y logrado condenas penales contra algunos de sus autores, entre ellos los del asesinato de mi padre. Así que no es a mí a quien se le deba dar lecciones de ética en esta materia”, refirió.
A su vez, recordó su papel en la denuncia y el impulso de investigaciones relacionadas con crímenes de Estado. “Mis abogados y yo hemos sido quienes reiteramos la competencia de la Fiscalía en este caso, en el que soy parte civil, junto a los campesinos del Aro, y los familiares de Jesús Maria Valle. Llevo 14 años impulsando este proceso contra el expresidente Uribe. Mucho antes de que tú aparecieras en la escena pública”, señaló Cepeda.

Bancada del Pacto Histórico se sacudió tras la controversia
En medio del creciente clima de tensión, la bancada del Pacto Histórico en la Comisión de Acusaciones de la Cámara emitió un comunicado público para clarificar su postura. “No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas. No promoveremos impunidad ni dilaciones y jamás estaremos del lado de los victimarios”, afirmó el partido en su pronunciamiento al país político.
Asimismo, en la misiva, se explicó que la solicitud de traslado del expediente buscaba, en principio, “clarificar la competencia de la autoridad encargada de adelantar la investigación”. Sin embargo, tras la controversia, la colectividad de oposición expresó su respaldo a que “la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime, conforme a los mecanismos establecidos, la controversia sobre la competencia”.