Ecuador se convirtió en una de las nuevas fronteras del uso de drones armados por parte del crimen organizado en América Latina, una tecnología que dejó de ser empleada únicamente para vigilancia o contrabando y comenzó a incorporarse a ataques contra objetivos penitenciarios, funcionarios y propiedades privadas.
La organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) registró ocho episodios relacionados con drones armados en Ecuador desde 2023. La mayoría tuvo como blanco pabellones penitenciarios en los que permanecían cabecillas de bandas, pero los hechos documentados durante 2026 incluyeron ataques contra un director carcelario y una vivienda. Para la entidad, esa variación apunta a un posible cambio en la selección de objetivos del crimen organizado.
El reporte, elaborado por el experto regional Tiziano Breda, identifica a Ecuador y Brasil como escenarios emergentes de una modalidad de violencia que se desarrolló primero con mayor intensidad en Colombia y México. Los aparatos comerciales, adaptados artesanalmente para transportar o arrojar explosivos, ofrecen a los grupos armados una herramienta de bajo costo para alcanzar lugares protegidos y operar a distancia.
Su utilización en Ecuador también tiene una dimensión logística. ACLED señala que los drones se han convertido en un medio habitual para introducir drogas, teléfonos y armas en las cárceles, particularmente en Ecuador y Brasil. Esta modalidad reduce la necesidad de recurrir a personas para trasladar el contrabando y permite sortear algunos controles establecidos alrededor de los centros penitenciarios.
La investigación recoge declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien aseguró en abril de 2026 que cerca de 600 drones vinculados con grupos de delincuencia organizada habían intentado llegar a la Cárcel del Encuentro desde que comenzó su construcción. Según el funcionario, las autoridades impidieron que los dispositivos alcanzaran el complejo de máxima seguridad, ubicado en la provincia costera de Santa Elena.
El fenómeno ecuatoriano se inscribe en una acelerada expansión regional. ACLED contabilizó alrededor de 670 eventos con drones armados en América Latina desde 2018. Más del 72% ocurrió entre el 1 de enero de 2025 y el 21 de agosto de 2026, lo que muestra que la mayor parte de los incidentes se concentró en menos de dos años.
Colombia es el principal foco de esta transformación. De los 182 municipios latinoamericanos donde se registraron episodios con drones armados, 97 están en ese país. El Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC han empleado los dispositivos contra instalaciones y miembros de la fuerza pública, especialmente en zonas vinculadas con cultivos de coca y corredores del narcotráfico.
El número de organizaciones que utilizan estos aparatos pasó de cinco en 2024 a 19 en 2026. Algunas estructuras colombianas ya cuentan con drones equipados con visión nocturna o guiados mediante fibra óptica, una tecnología resistente a los inhibidores de radiofrecuencia. En México, entretanto, se registraron hechos en 17 de sus 32 entidades federativas entre 2021 y agosto de 2026.
Brasil registró su primer episodio en junio de 2025 y sumó otros 15 desde entonces, principalmente por acciones del Comando Vermelho contra milicias rivales. En agosto de 2026, Venezuela reportó el primer ataque con un dron armado contra civiles, atribuido a disidentes colombianos de las FARC en una comunidad indígena jivi.
Los dispositivos más comunes continúan siendo modelos comerciales modificados de manera rudimentaria. El informe estima que pueden adquirirse desde USD 600 y advierte que su bajo precio contrasta con el costo de los sistemas necesarios para neutralizarlos. En el conjunto de casos analizados, aproximadamente uno de cada tres eventos produjo al menos una muerte.
ACLED prevé que el uso criminal e insurgente de drones aumentará en escala y sofisticación durante los próximos 12 a 24 meses.
