
Las advertencias sobre la baja productividad y el escaso interés juvenil en el agro se han convertido en señales de alarma para los académicos.
Esta preocupación se suma a otros desafíos, como los efectos del cambio climático, la competencia de productos importados y la dificultad para acceder a financiamiento.
Recientemente, el ministro de la cartera agropecuaria, Roberto Linares, dijo que el personal de esa entidad está jubilado y algunos colaboradores superan los 80 años de edad.
Aseguró que contar con funcionarios retirados implica un retraso operativo, ya que muchos deberían realizar tareas en campo y no permanecer en oficinas.
Según el pronunciamiento de los académicos, el sector agrícola enfrenta obstáculos que limitan su aporte a la economía, el empleo rural y la seguridad alimentaria. La falta de inversión, junto con la poca modernización, agrava la situación.

Ante esta situación proponen soluciones que incluyen la planificación eficiente del uso de la tierra y la diversificación de la producción.
Además, recomienda incorporar innovaciones tecnológicas, como la agricultura vertical, la hidroponía, la acuaponía y los cultivos en ambientes controlados.
Entre las recomendaciones, figura la necesidad de motivar a las nuevas generaciones para formarse en áreas vinculadas al agro. Se destaca la urgencia de mejorar las condiciones de los colegios agropecuarios y actualizar la infraestructura y los equipos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
El documento también plantea la importancia de fortalecer el acceso al agua, impulsar la mecanización agrícola y avanzar en investigación, financiamiento, titulación de tierras y mejora de caminos rurales.
Se suma la creación de centros de acopio y redes de comercialización más sólidas, así como el refuerzo de los controles fitosanitarios y el fomento del consumo de productos nacionales.

El desarrollo hídrico en la cuenca del Río Indio aparece como un tema central. El Consejo Académico de la Universidad de Panamá resalta la importancia estratégica de la obra para asegurar la disponibilidad de agua en el futuro, pero advierte sobre el impacto ambiental y social que podría generar.
El proyecto prevé la construcción de un lago artificial de cerca de 4.600 hectáreas, una presa y un túnel de 9 kilómetros para trasladar agua al lago Gatún. Se estima un costo de $1.600 millones, una duración de cuatro años y el reasentamiento de unas 600 familias.
Frente a estos datos, proponen que sus unidades especializadas, como el herbario y los museos, realicen estudios sobre biodiversidad y aspectos sociales, para evaluar científicamente las posibles afectaciones del proyecto.
El Consejo Académico también considera fundamental escuchar las preocupaciones de las comunidades potencialmente afectadas y garantizar que cualquier proceso de reasentamiento o expropiación se realice de manera justa, previa y transparente, respetando la Constitución, las leyes, el debido proceso y los mecanismos de participación y compensación establecidos.
El pronunciamiento dedica un apartado a la relación entre Panamá y Estados Unidos, subrayando la importancia de analizarla desde una perspectiva soberana y equilibrada. La defensa de los intereses nacionales y la cooperación internacional, sostiene la Universidad, deben estar en el centro del vínculo bilateral, sostienen los académicos

El ente universitario recuerda el proceso que culminó en la transferencia del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999 y defiende que la protección de la vía interoceánica debe apoyarse en el Derecho Internacional y en los tratados vigentes.
Sobre el tránsito de buques de guerra estadounidenses sin pago de peajes, el documento cita el Tratado de Neutralidad Permanente, que establece igualdad de condiciones y costos para todos los países.
La Universidad añade que la seguridad del Canal no solo debe centrarse en su infraestructura, sino también en la gestión sostenible de los recursos hídricos, la prevención de riesgos cibernéticos, y la atención a tensiones geopolíticas y escenarios de contingencia.