A mediados del mes de agosto, las asociaciones conservacionistas WeWhale e Iberian Orca Guardians alertaron del hallazgo de heridas de perdigones en la alerta dorsal de una orca ibérica. Se trata de Toñi, un ejemplar ampliamente conocido y estudiado por los investigadores por ser el más longevo de la población del Estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz.
Esta pequeña subpoblación se encuentra catalogada como en peligro crítico de extinción, por lo que el ataque al cetáceo se considera un acto muy grave, pues está protegido. De esta manera, este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha decidido remitir a la Fiscalía de Medio Ambiente un oficio de traslado de información sobre las actuaciones previas iniciadas, puesto que podría haberse realizado un delito contra especies de fauna protegida.
Las primeras pesquisas, según señala el MITECO en un comunicado, apuntan a que los disparos sufridos por Toñi en su aleta dorsal se habrían realizado presuntamente desde una embarcación de bandera española en aguas portuguesas.
Así, ha solicitado a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil su colaboración para identificar a los presuntos responsables, así como para comprobar la situación administrativa y documental de la tenencia y uso de armas, realizar el correspondiente informe pericial balístico y practicar otras diligencias de investigación que se consideren pertinentes para esclarecer los hechos.
“Desde el Ministerio seguiremos con las pesquisas, colaborando tanto con la Fiscalía como con la Guardia Civil y las autoridades portuguesas, para tratar de esclarecer lo ocurrido y evitar que este daño contra el medio ambiente quede impune. También, seguiremos de cerca la evolución de las heridas”, ha señalado Sara Aagesen, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Un ataque contra una población en peligro crítico de extinción
Las organizaciones conservacionistas que denunciaron las lesiones infringidas a Toñi señalan que el aspecto, el número y la distribución de las heridas observadas en la aleta dorsal y el lomo del animal podrían apuntar a que el disparo fue realizado con una escopeta.
La gravedad del suceso no radica en el hecho de que Toñi sea una orca ibérica conocida por los investigadores, pues este daño en cualquier otro animal de esta población podría comprometer la conservación de un grupo formado por un número muy reducido de ejemplares. “Si alguien le ha disparado deliberadamente con una escopeta, no se trata únicamente de un acto de extrema crueldad contra el animal”, señala Janek Andre, fundador y presidente de WeWhale y de la Fundación Iberian Orca Guardians. “Es un ataque contra uno de los últimos individuos que quedan de una población en peligro crítico de extinción”.
Las heridas de Toñi, según los indicios disponibles, parece que evolucionan de manera favorable, ha indicado el MITECO. El ejemplar fue avistado hace unos días en aguas gallegas por la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Marinos (CEMMA).
En esta zona se han producido recientemente episodios de interacción entre los cetáceos y las embarcaciones. El sábado anterior, un grupo de orcas golpeó un velero en una regata organizada por el Club Náutico de O Grove; menos de 24 horas después, dos tripulantes de un velero que navegaba en el norte de la ría de Vigo señalaron que los animales habían roto el timón de la embarcación.
Estos episodios, sin embargo, no justifican ningún tipo de represalia contra los animales, tal y como señalan desde WeWhale e Iberian Orca Guardians. A principios de abril, el MITECO, en un comunicado en el que informaba sobre que el número de interacciones había disminuido en términos generales en España (a excepción de las costas del norte, donde se ha registrado un ligero incremento), recordó que está prohibido el uso de medidas disuasorias que puedan causar daño, molestias o perturbaciones a las orcas.
Desde que se conoció el caso de la orca Toñi, los agentes medioambientales de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina (SGBTM) del MITECO han realizado actuaciones previas de investigación. El Ministerio, además, ha señalado que, debido a que el ataque puede haberse producido en aguas portuguesas, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez Sancho, y Nuno Miguel Soares Banza, presidente del Consejo de Administración del Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques de Portugal, están en comunicación para abordar este asunto.
