El Congreso de Guatemala abrió el análisis del presupuesto de 2027 con una primera ronda de cuestionamientos al Ministerio de Finanzas Públicas por el aumento del déficit fiscal, el mayor endeudamiento previsto y la creación de nuevos fondos de crédito, en una propuesta que eleva el techo presupuestario a 192,451 millones de quetzales unos 25,170 millones de dólares y que, si se aprueba sin cambios, ampliará las necesidades de financiamiento del Estado.
La discusión comenzó con un dato central expuesto ante la comisión legislativa: los ingresos proyectados suman 137,860 millones de quetzales y el gasto total alcanzaría 186,161 millones. La diferencia deja un déficit de 48,300 millones de quetzales, equivalente al 4.4% del producto interno bruto.
Ese desequilibrio se cubriría con 2,869 millones de quetzales en créditos externos, 42,750 millones en negociación de deuda bonificada y 8,565 millones mediante variación de caja.
El viceministro de Finanzas señaló además que el déficit vigente para 2026 es de 38,297 millones de quetzales, equivalente al 3.5% del PIB.
La propuesta para 2027 eleva el déficit y proyecta más de 100,000 millones de quetzales en deuda negociada
Uno de los puntos que concentró las críticas de la bancada VOS fue la trayectoria del endeudamiento durante el gobierno de Bernardo Arévalo. Según la sumatoria planteada durante la sesión, la negociación de deuda de 2024, 2025, 2026 y la prevista para 2027 llegaría a 100,540 millones de quetzales si el proyecto se aprueba en los términos actuales.
El viceministro de Administración Financiera, Walter Figueroa atribuyó parte del aumento del déficit a obligaciones legales ya adquiridas. Entre ellas mencionó 3,51.6 millones de quetzales para la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios y el Fondo de Vivienda Social, 2,550 millones para la Agencia Nacional de Infraestructura, 2,333 millones para el Tribunal Supremo Electoral vinculados al proceso electoral y 2,600 millones para cubrir deficiencias operativas del Banco de Guatemala de ejercicios anteriores.
A eso se suma un aporte de 4,800 millones de quetzales para la ampliación de puerto Quetzal, cuyo pago debe hacerse en el primer semestre de 2027. Esa obligación fue presentada como otro de los factores que presionan el resultado fiscal.
La estructura del gasto también quedó bajo escrutinio. De acuerdo con los datos expuestos en la comisión, el 67.1% del presupuesto se destinaría a funcionamiento, el 20.09% a inversión y el 12.8% al servicio de la deuda pública.
Comunicaciones recibiría más recursos pese a ejecutar solo el 35,4% de su presupuesto
Los diputados cuestionaron que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tenga la ejecución más baja entre los 14 ministerios y, aun así, figure entre los principales ganadores del nuevo proyecto. La directora de presupuesto, Lucrecia Martínez reconoció que esa cartera registra una ejecución de apenas 35.4% en lo transcurrido de 2026.
Pese a ese desempeño, la propuesta para 2027 le asigna un aumento de 3,294 millones de quetzales, hasta situarlo cerca de 10,000 millones. El viceministro explicó que el incremento responde a la reactivación de obras suspendidas, entre ellas proyectos viales y el llamado puente Belice 2.
En la sesión también se recordó que 2,000 millones de quetzales habían sido retirados antes del presupuesto de Comunicaciones mediante el artículo 129 del decreto 36-2024. Esos recursos se redirigieron, entre otros fines, a subsidios a combustibles, reconstrucción de viviendas dañadas por sismos y mantenimiento de dragas del Ministerio de la Defensa Nacional.
Otro punto de fricción fue el aumento previsto para la Presidencia de la República. La asignación pasaría de 246 millones de quetzales vigentes a 272 millones en 2027, incluido un alza de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, que subiría de 164 millones a 182,5 millones, mientras la seguridad perimetral a cargo del Ministerio de Defensa seguiría en 31 millones.
El diputado José Chic, estimó que el costo total de mantener al presidente, entre seguridad, alimentación y movilidad, asciende a 215 millones de quetzales. El señalamiento se hizo en contraste con un escenario de sequía en el que 3,5 millones de guatemaltecos están en fase tres de inseguridad alimentaria y 600.000 no consiguen cubrir un tiempo de comida al día.
Los nuevos fondos de garantía y el cambio en Guatecompras sumaron nuevas objeciones
La iniciativa presupuestaria incluye la creación del Fondo de Garantía para el Desarrollo, por 400 millones de quetzales, administrado por Fodigua en convenio con el Crédito Hipotecario Nacional. El mecanismo busca ampliar el acceso a crédito productivo para poblaciones maya, xinca y garífuna, con coberturas de garantía de entre 75% y 90%.
La sesión también abordó la modificación en Guatecompras que eliminó datos personales del portal de adquisiciones del Estado. El viceministro de Transparencia afirmó que la medida responde a un criterio técnico sustentado en el artículo 15 bis de la Ley de Contrataciones del Estado y dijo que existen entre cuatro y cinco correos electrónicos de personas que pidieron retirar sus datos.
