El Congreso puede tumbar este jueves la Cuenta General del Estado de 2024, después de que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas acordara en junio rechazarla y devolverla al organismo fiscalizador. Sería una decisión con una importante carga política y abriría un precedente en el control parlamentario de las cuentas públicas.
Pero rechazar una Cuenta General del Estado no es lo mismo que tumbar unos Presupuestos Generales del Estado. Mientras estos últimos fijan cuánto prevé ingresar y gastar el sector público, la Cuenta General se elabora después para mostrar qué ocurrió realmente con ese dinero durante un ejercicio que ya ha terminado. Esa diferencia es también la que determina hasta dónde llegan las consecuencias de la votación para el Gobierno y para los ciudadanos.
En este caso, el Parlamento examina la gestión correspondiente a 2024, un año en el que no se aprobaron nuevos Presupuestos y continuaron vigentes los de 2023. El Tribunal de Cuentas fiscalizó posteriormente la Cuenta General y emitió una opinión favorable con salvedades, pero la Comisión Mixta, en la que PP y Vox suman mayoría, decidió el pasado 23 de junio rechazar su Declaración y reclamar un análisis adicional sobre los efectos de las sucesivas prórrogas presupuestarias.
Qué pasa si el Congreso rechaza la Cuenta General del Estado
La Cuenta General sirve para rendir cuentas una vez cerrado el ejercicio: permite comprobar cuánto se ingresó y gastó realmente y cómo se ejecutaron las partidas que habían sido autorizadas en los Presupuestos. Constituye así uno de los principales instrumentos de rendición de cuentas del sector público ante las Cortes Generales.
Por eso, que el Congreso rechace la Cuenta General de 2024 no anula los gastos que ya se hicieron ese año ni deja sin efecto los Presupuestos actualmente vigentes. Tampoco implica por sí mismo que se suspendan pensiones, prestaciones por desempleo, nóminas de empleados públicos, inversiones o servicios del Estado.
La consecuencia inmediata que plantea la resolución parlamentaria es otra: devolver al Tribunal de Cuentas su Declaración y pedirle que la complete con un informe técnico-jurídico sobre los efectos de la prórroga presupuestaria. La Comisión Mixta estableció para ello un plazo de tres meses.
El efecto del rechazo sería, por tanto, principalmente político e institucional: supondría una censura parlamentaria sobre la forma en que se rindieron y gestionaron las cuentas de aquel ejercicio, pero no equivale a rechazar unos Presupuestos ni obliga por sí mismo a convocar elecciones o a que caiga el Gobierno.
Qué cuestionó el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas públicas de 2024
Uno de los principales motivos que explican el rechazo parlamentario está en la falta de unos nuevos presupuestos. El Gobierno no presentó durante 2024 un proyecto de PGE, por lo que se prorrogaron automáticamente los aprobados para 2023. La propia Declaración del Tribunal de Cuentas señala que esta situación generó incertidumbre sobre la aplicación de determinadas normas relacionadas con la gestión presupuestaria.
Durante aquel ejercicio, además, el Gobierno fue introduciendo modificaciones para adaptar esas cuentas prorrogadas a nuevas necesidades de gasto. Como resultado, el importe finalmente autorizado para gastar fue 77.341,9 millones de euros superior al que figuraba al inicio de 2024.
El Tribunal también detectó que el resultado presupuestario consolidado -el saldo que resulta de comparar los ingresos y gastos del conjunto analizado- estaba sobrevalorado en 4.090,3 millones, porque determinadas obligaciones y derechos se habían contabilizado en un ejercicio distinto al que correspondían.
Pese a estas y otras incidencias, el organismo emitió una opinión favorable con salvedades. Es decir, el Tribunal de Cuentas no rechazó la Cuenta General de 2024, sino que consideró que reflejaba globalmente la situación económica y financiera del Estado, aunque señaló errores y cuestiones que debían corregirse o quedar mejor justificadas. El rechazo que ahora llega al Pleno procede, por tanto, del Parlamento y no de una opinión desfavorable del organismo fiscalizador.
Por qué se habló de fondos europeos para pagar pensiones
Otro de los puntos controvertidos fueron dos modificaciones presupuestarias por 2.389,4 millones de euros aprobadas en noviembre de 2024 para cubrir gastos de pensiones. En concreto, se destinaron a las pensiones de clases pasivas -el régimen que cubre, entre otros colectivos, a determinados funcionarios del Estado- y a los complementos de pensiones mínimas.
Para financiar esas modificaciones se utilizaron créditos que habían quedado disponibles en el llamado Servicio 50, una partida de los Presupuestos del Estado vinculada al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento europeo con el que se financia el Plan de Recuperación tras la pandemia. El Tribunal señaló que esos créditos podían trasladarse porque no comprometían ni el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de España para absorber los recursos del mecanismo.
Que esos créditos estuvieran incluidos en una partida vinculada al MRR fue precisamente lo que originó la polémica y llevó a hablar del uso de “fondos europeos” para pagar pensiones. Sin embargo, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, aclaró después ante el Parlamento que el organismo no había afirmado eso. Según explicó, ni la Declaración ni los votos concurrentes sostienen que se utilizara dinero procedente de la Unión Europea para financiar las pensiones.
La objeción del Tribunal era otra: consideró que los fundamentos jurídicos utilizados para justificar el traslado de esos créditos deberían haberse explicado mejor.
El rechazo llega en plena negociación de los próximos Presupuestos
La votación llega además en un momento especialmente delicado para el Gobierno en materia presupuestaria. España continúa en 2026 con los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2023, prorrogados automáticamente ante la ausencia de nuevas cuentas, mientras el Ejecutivo intenta sacar adelante unos nuevos PGE para 2027.
La prórroga es legal: el artículo 134.4 de la Constitución establece que, cuando una nueva Ley de Presupuestos no está aprobada al comenzar el ejercicio, las cuentas anteriores quedan automáticamente prorrogadas hasta que se aprueben otras.
La dificultad para el Ejecutivo no está, por tanto, en poder seguir funcionando con esas cuentas, sino en reunir los apoyos parlamentarios necesarios para sustituirlas. El Gobierno de coalición está en minoría en el Congreso y necesita volver a construir una mayoría suficiente para aprobar el próximo proyecto presupuestario.
Esa debilidad ya se ha reflejado en los primeros pasos del proceso. En julio, PP, Vox y Junts rechazaron la senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo, que fija los objetivos de déficit y deuda que sirven de referencia para elaborar las nuevas cuentas.
Si el Pleno respalda el rechazo, no habrá un efecto económico inmediato para los ciudadanos. La consecuencia será principalmente política e institucional: el Congreso censurará la gestión de las cuentas de 2024 y pedirá al Tribunal de Cuentas que analice las consecuencias de encadenar varios ejercicios con presupuestos prorrogados.
