El Pleno del Congreso votará el próximo jueves la propuesta para crear una subcomisión parlamentaria con la misión de redactar un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente, una iniciativa que ya recibió el respaldo de la gran mayoría de la Comisión de Interior.
Los trabajos de esta subcomisión se centrarán, entre otras cuestiones, en determinar el marco legislativo que afecta a las personas desaparecidas en España y las modificaciones legales necesarias, recuperar iniciativas y propuestas previas y recabar aportaciones del Tercer Sector Social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), las administraciones públicas, la Abogacía y la Psicología.
El objetivo será elaborar una propuesta de Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente. Para ello, la subcomisión redactará un informe con conclusiones sobre las medidas que deben adoptarse, podrá celebrar comparecencias y solicitar documentación y dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para presentar sus conclusiones a la Comisión de Interior.
La Comisión de Interior acordó el pasado mes de julio someter al Pleno la creación de esta subcomisión, propuesta que salió adelante con los votos favorables de PP, PSOE, Sumar, Bildu, PNV y UPN y las abstenciones de Vox, ERC y Junts. Posteriormente, la Mesa del Congreso acordó trasladar la solicitud a la Junta de Portavoces para su inclusión en el orden del día de una sesión plenaria.
UNA POLÍTICA DE ESTADO
En la exposición de motivos de la iniciativa del PSOE se señala que la desaparición de una persona afecta no solo a quien desaparece, sino también a sus familiares y allegados, y se apunta que los problemas que surgen cuando una persona desaparece sin causa aparente son de orden psicológico, jurídico, administrativo, social y económico.
El texto recuerda que en 2010 el Congreso declaró por unanimidad el 9 de marzo como Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente y que, tres años después, se creó en el Senado una Comisión Especial para estudiar esta problemática, que concluyó que debía abordarse de forma global como una política de Estado.
También recoge la posterior incorporación del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) a la Secretaría de Estado de Seguridad, así como los planes estratégicos impulsados en esta materia y la actualización del protocolo policial de actuación ante desapariciones.
No obstante, el PSOE considera que siguen pendientes iniciativas importantes, entre ellas dotar de un estatus jurídico a las víctimas directas e indirectas de las desapariciones.
