
El Fondo Monetario Internacional anunció este jueves que alcanzó un acuerdo técnico con El Salvador para completar las revisiones segunda y tercera de su programa financiero, un paso que, si recibe la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, habilitará un desembolso de unos USD 140 millones.
El entendimiento se refiere al programa de 40 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), aprobado en febrero de 2025 por un monto total de aproximadamente USD 1.400 millones. La aprobación definitiva aún depende de que el Gobierno salvadoreño cumpla las medidas previas acordadas y de la decisión del Directorio.
El organismo sostuvo que la economía de El Salvador superó las proyecciones durante 2025 y estimó que el producto interno bruto (PIB) crecería 4,5% en 2026. Según la declaración difundida este 3 de septiembre desde Washington, el resultado se apoya en la inversión y el consumo privados, las remesas, el turismo y los flujos de capital.
El jefe de misión del FMI para el país afirmó que la evolución económica también se relaciona con ‘“mejoras en seguridad”’ y una mayor confianza de los inversores. El Fondo añadió que el programa contribuyó a reducir la pobreza, junto con cambios para mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

El Gobierno deberá elevar el superávit primario hasta 3,7% del PIB en 2027
El acuerdo prevé una profundización de la consolidación fiscal, con un gasto público más prudente y cambios en la administración tributaria. La meta apunta a que el superávit primario del Sector Público No Financiero pase de 2,9% del PIB este año a 3,7% del PIB en 2027.
El objetivo se vincula con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija una reducción de la deuda pública hasta el 80% del PIB para 2030. El FMI indicó que las autoridades deberán preservar recursos para proyectos de infraestructura y programas sociales mientras cumplen esas metas fiscales.
El documento incluye medidas para el sistema previsional. El Gobierno deberá reconocer obligaciones vinculadas con el vencimiento del período de gracia para pagar intereses adeudados a fondos privados de pensiones. También prevé una reforma paramétrica para el próximo año, alineada con las recomendaciones del Fondo.
Las reformas previstas alcanzan al servicio civil. El organismo planteó la preparación de cambios para elevar la eficiencia y la calidad de las prestaciones estatales, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo.
El FMI pidió reforzar reservas, supervisión financiera y mecanismos de transparencia
El Fondo señaló que los niveles de reservas y liquidez superaron las metas del programa y que deberán continuar en alza para ampliar la capacidad de respuesta frente a eventuales shocks externos.
El acuerdo también contempla reformas para la regulación y supervisión del sistema financiero, los mecanismos de manejo y resolución de crisis y el fortalecimiento institucional y financiero del Banco Central.
En materia de transparencia, el FMI señaló la necesidad de actualizar las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entre los compromisos figura la publicación de las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios, además de mejoras en la información financiera del sector público, la identificación de beneficiarios finales y los organismos de rendición de cuentas.

Chivo quedó bajo control privado y el FMI afirma que no hubo compras públicas de Bitcoin
La revisión también abordó la situación de Chivo, la billetera electrónica impulsada por el Gobierno salvadoreño, en el marco de su política de adopción de Bitcoin.
El Fondo afirmó que la participación estatal en la plataforma se redujo de forma sustancial. La mayoría de la propiedad y el control operativo fueron transferidos a un operador privado, mientras que el Estado conserva una participación minoritaria y la custodia de los activos de los clientes.
El comunicado también sostiene que la acumulación de Bitcoin desde la primera revisión del acuerdo respondió a donaciones privadas y no al uso de recursos públicos. Las autoridades y el FMI acordaron medidas para actualizar la regulación y supervisión de activos digitales, además de reforzar la gestión de riesgos y la gobernanza sobre las tenencias de criptoactivos del sector público.
“En adelante, no se prevé una acumulación adicional de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas”, precisó el organismo.
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el SAF el 26 de febrero de 2025, con acceso a 1.033,92 millones de derechos especiales de giro, equivalentes entonces a unos USD 1.400 millones. La primera revisión concluyó el 27 de junio de 2025. Hasta ahora, el país recibió 172,32 millones de derechos especiales de giro.




