La ONG Foro Penal registró 328 presos políticos en Venezuela, de acuerdo con un boletín difundido este martes y actualizado hasta el 31 de agosto. Del total, 317 son hombres y 11 mujeres.
A través de su cuenta en X, la organización precisó que entre los detenidos hay 183 civiles y 145 militares, todos mayores de edad. También señaló que 33 de ellos son extranjeros o tienen doble nacionalidad.
El 14 de agosto, el Gobierno de Venezuela informó la excarcelación de 131 personas. Sin embargo, Foro Penal confirmó 89 casos, mientras que la principal alianza opositora del país, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), elevó la cifra a 105.
Ante esa diferencia, varias ONG reclamaron la difusión de la lista oficial de liberados, algo que finalmente no ocurrió.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el 24 de agosto que 1.046 venezolanos fueron liberados desde enero pasado, cuando se inició un proceso de excarcelaciones de presos políticos, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro durante un operativo militar en Caracas.
El Gobierno encargado, que rechaza la existencia de presos políticos en el país y sostiene que se trata de personas condenadas por delitos, puso en marcha en enero un proceso de liberaciones que se prolongó durante todo el año.
En paralelo, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó en febrero una ley de amnistía que alcanzó a más de 8.000 personas, aunque la mayoría ya se encontraba bajo algún régimen de libertad restringida.
Mientras tanto, dirigentes, activistas y organizaciones de la oposición y de derechos humanos continúan reclamando la libertad plena de todos los presos políticos.
La reforma que reactiva la renovación del Tribunal Supremo de Justicia
En otro orden, el Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que amplió el Comité de Postulaciones Judiciales y reactivó el proceso para renovar a todos los magistrados del máximo tribunal, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición en la mesa de diálogo promovida por Estados Unidos.
La votación se produjo este martes en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que dio luz verde a un cambio legal con el que el comité encargado de evaluar a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pasará de 21 a 23 integrantes, con 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil. La norma también estableció que esa instancia funcionará durante dos años.
La modificación legislativa abrió de nuevo el camino para la sustitución total de los magistrados del TSJ, un paso incluido entre los primeros compromisos suscritos por el oficialismo y la oposición el pasado 12 de agosto.
Con esa decisión, el Parlamento retomó una ruta que ya había comenzado meses antes, pero quedó interrumpida cuando el procedimiento entró en fase de revisión de credenciales e impugnaciones.
