El anuncio de Luis Caputo sobre el uso de hasta 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para fondear a los bancos merece un contundente rechazo y un profundo debate. El FGS no es una caja disponible para resolver las necesidades financieras del sistema bancario: es un patrimonio de afectación específica vinculado directamente al sistema previsional. Su finalidad legal consiste en preservar su valor y rentabilidad, así como atender eventuales insuficiencias del régimen jubilatorio. La Ley 26.425 establece, además, que sus recursos están destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y deben invertirse bajo estrictos criterios de seguridad y rentabilidad. Por ello, utilizarlo como fuente de fondeo de largo plazo para las entidades bancarias exige garantías extraordinarias sobre el capital, los rendimientos y el cumplimiento irrestricto de su objetivo previsional. No alcanza con argumentar que el dinero se destinará a primeras viviendas: una causa noble no convierte automáticamente en legítimo cualquier mecanismo de financiamiento. El Estado tiene la obligación ineludible de proteger el patrimonio previsional, especialmente cuando millones de jubilados perciben ingresos insuficientes. Resulta inadmisible que, mientras se deteriora el poder adquisitivo de la clase pasiva, se busquen alternativas para poner sus recursos al servicio del mercado financiero. El propio marco normativo exige que el FGS preserve sus activos y contribuya a la sustentabilidad del sistema. La vivienda requiere crédito, sin duda; pero ese financiamiento debe construirse mediante políticas públicas y recursos propios, no a costa del respaldo económico de las jubilaciones. Caputo y Milei deben explicar con absoluta transparencia quién asumirá el riesgo de esta operación y de qué manera se garantizará que ningún peso del FGS termine perjudicando a sus verdaderos destinatarios. Los jubilados no pueden ser nuevamente la variable de ajuste de una política económica que prioriza al sector financiero. El FGS tiene un dueño social: el sistema previsional argentino. Defenderlo no implica oponerse al crédito hipotecario, sino defender la legalidad, la sustentabilidad previsional y los derechos de quienes trabajaron toda su vida. Los fondos de los jubilados no son capital financiero disponible; son una garantía de dignidad y seguridad social que este Gobierno tiene el deber de preservar. Las opiniones vertidas en cada columna son de exclusiva responsabilidad de sus autores. En consecuencia, no necesariamente responden a la línea editorial del medio.