El Ministerio de Hacienda ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el nuevo sistema de financiación autonómica con el único respaldo de Cataluña y Canarias, un paso que permite al Gobierno activar la reforma pero no garantiza su entrada en vigor el 1 de enero de 2027, porque la norma aún necesita una mayoría absoluta en el Parlamento que hoy no tiene: el modelo de financiación autonómica se regula mediante una ley orgánica y exige mayoría absoluta, un umbral que el Gobierno de Pedro Sánchez no reúne en estos momentos por el rechazo ya anunciado de PP, Vox y Junts.
Lo más llamativo es que la propuesta ha salido adelante pese al rechazo de todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, con la ausencia de la Comunidad de Madrid -ya advirtió Isabel Díaz Ayuso que no iban a ir- y también con dos comunidades lideradas por el PSOE en contra, Castilla-La Mancha y Asturias. El Ejecutivo solo necesitaba un apoyo autonómico porque ya contaba con el 50 % de los votos como Gobierno.
La reunión, que había sido aplazada, se ha desarrollado sin sorpresas. El Ejecutivo siguió adelante con una reforma defendida por el ministro de Hacienda, Arcadi España, que ya tenía asegurado el voto favorable de Cataluña porque la modificación del sistema formaba parte del pacto entre el PSOE y ERC y contaba con el apoyo de la Generalitat de Salvador Illa.Canarias se sumó después de pactar una mejora de financiación específica Con ese segundo respaldo, el Gobierno logró aprobar un texto que, siempre de acuerdo con el medio, ha sido rechazado por el 90% de los gobiernos autonómicos.
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