Paraguay se convirtió este en el último país en condenar la reforma constitucional aprobada en Nicaragua y recibió de Managua la misma respuesta escueta que ya habían obtenido Perú, Guatemala y Costa Rica: una invocación a la soberanía nacional y una negativa a debatir el asunto.
La Cancillería nicaragüense, en una nota suscrita por el cocanciller Valdrack Jaentschke, rechazó las críticas del gobierno paraguayo con una fórmula idéntica a la que usó con los otros tres países: “La soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad”, señaló el texto oficial, que cerró con la frase “Nicaragua triunfa en paz y seguridad”.
El hecho de que Managua distribuyera una nota calcada a cuatro gobiernos distintos reveló la estrategia de la administración Ortega-Murillo ante la ola de cuestionamientos regionales: respuesta mínima, sin concesiones y sin diálogo.
La reforma que detonó la crisis diplomática
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes 1 de septiembre, en una sesión especial celebrada al aire libre en la ciudad de León, una reforma constitucional que prohíbe a los opositores calificados como “traidores a la patria” ocupar cargos de elección popular, liderar partidos o postularse a cualquier cargo público.
La enmienda también extendió de seis a siete años el mandato presidencial y el de otros cargos electivos, así como el de los jefes del Ejército y la Policía, lo que desplaza las elecciones presidenciales que estaban previstas para noviembre de este año hasta 2028.
El texto aprobado elevó a rango constitucional un sistema electoral que ya operaba sin competencia real: en 2021, los principales candidatos opositores fueron encarcelados antes de los comicios.
La votación fue unánime y constituyó solo el primero de los dos pasos legislativos que exige la ley nicaragüense para que una reforma constitucional entre en vigor. La copresidenta Rosario Murillo anunció que la segunda votación comenzará el 18 de enero de 2027.
Ortega descartó elecciones en julio y la región reaccionó
La reforma no llegó sin advertencia. El 19 de julio, durante el acto conmemorativo de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega declaró públicamente que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para evitar que la oposición “se apodere del gobierno”.
Esa declaración disparó una cadena de condenas internacionales que incluyó a Bolivia, Brasil, Chile y varios países centroamericanos, además de la retirada del embajador panameño de Managua.
Ortega gobierna Nicaragua de forma ininterrumpida desde 2007, aunque su presencia en el poder data de 1979, cuando coordinó la Junta de Gobierno que sucedió a la dictadura somocista.
Acumula tres décadas en el ejercicio del poder. La reforma aprobada esta semana fue la segunda reescritura constitucional en dos años. En febrero de 2025, la Asamblea ya había extendido el mandato presidencial de cinco a seis años, creado la figura de la copresidenta para Murillo, entonces vicepresidenta, y reorganizado la estructura del Estado.
Rubio exigió aislar a Managua y la OEA debate qué hacer
El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a los países aliados a cortar las relaciones comerciales y políticas habituales con el gobierno nicaragüense.
“Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la paz hemisférica”, sostuvo en un comunicado, según recogió Al Jazeera.
Paraguay suma su voz a un rechazo que ya involucra a cinco países
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay expresó el jueves “su profunda preocupación por la reforma constitucional aprobada en Nicaragua, que restringe la participación política y compromete la realización de elecciones libres”, según informó la agencia EFE.
El gobierno paraguayo reafirmó además su adhesión a los principios de la Carta Democrática Interamericana y el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades.
La nota paraguaya se sumó a las de Costa Rica, Perú y Guatemala, que también manifestaron su rechazo. Las cuatro recibieron de Managua el mismo texto sin variaciones.
