La Marcha del Orgullo finalmente se realizará el 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, tal como estaba previsto, luego de que la Comisión Organizadora y el Gobierno porteño llegaran a un acuerdo que permite compatibilizar la movilización con el operativo montado para recibir al papa León XIV, cuya llegada al país está pautada para el día siguiente.
El desenlace llegó tras días de tensión pública entre ambas partes. La administración porteña había solicitado la reprogramación del evento argumentando que necesitaba disponer de la totalidad de sus fuerzas y servicios para el recibimiento de la comitiva vaticana (del 8 al 11 de noviembre), y había propuesto mover la marcha al 21 de noviembre con el compromiso de aportar la logística necesaria. Sin embargo, la Comisión Organizadora rechazó esa alternativa y la refutó en una carta dirigida al jefe de Gobierno, Jorge Macri.
“Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización”, expresó la organización en su comunicado oficial.
Agregaron: “El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos”.
La movilización recorrerá, como es habitual, el centro porteño, con lugares como el Obelisco, el Congreso y la Avenida de Mayo como parte del trayecto previsto, y se espera una convocatoria de la misma escala que en ediciones anteriores.
Días atrás, la situación parecía encaminarse en otro sentido. Macri había confirmado un acuerdo para posponer la fecha. “El año pasado ellos mismos la pospusieron también, con lo cual no es una fecha que está escrita en piedra”, planteó. El mandatario recordó que la convocatoria había sido reprogramada en 2025 por la realización de otro evento. Finalmente, la solución fue mantener la fecha del 7 de noviembre.
El argumento central que los organizadores habían esgrimido contra la reprogramación era la escala federal del evento. La marcha convoca alrededor de dos millones de personas en sus ediciones recientes, muchas de ellas provenientes de distintas provincias y del exterior, con pasajes comprados, alojamientos reservados y logística coordinada con meses de anticipación. “Cambiar su fecha no significa mover una actividad en una agenda: significa alterar una organización federal ya desplegada, compromisos asumidos desde hace meses y decisiones concretas tomadas por miles de personas para poder participar”, sostenía el documento enviado a Macri.
A eso se sumaba un efecto en cadena que la Comisión Organizadora también puso sobre la mesa: las decenas de marchas del orgullo que se realizan en el interior del país definen su cronograma a partir de la fecha de la marcha nacional, de modo que cualquier modificación hubiera impactado en toda esa red de movilizaciones locales. Artistas, sindicatos, organizaciones sociales y delegaciones de todo el país también habían planificado su participación durante meses, lo que volvía inviable cualquier cambio de último momento.
Otro punto que los organizadores habían dejado en claro era que el pedido de suspensión no provenía ni del Gobierno Nacional ni del Vaticano. Según afirmaban, distintas fuentes vinculadas a la Santa Sede habían confirmado que no existía ningún requerimiento en ese sentido desde Roma, y que la solicitud era de origen exclusivamente porteño. En la misma carta, la organización también cuestionó la advertencia que había recibido: que si la marcha se mantenía en la fecha original, la ciudad “no podrá acompañar” su realización. Ese acompañamiento, aclaraban, incluye escenario, baños, ambulancias y dispositivos logísticos sin los cuales un evento de esa magnitud no puede funcionar. Condicionar esos recursos a un cambio de fecha resultaba, a su juicio, contradictorio con el propio argumento de la seguridad que esgrimía la administración.
