La Escuela Infantil Retiro, en Madrid, ha cerrado sus puertas después de veinte años de actividad tras ser comprado el local por un fondo de inversión para destinarlo a otros fines. Una operación que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado de “especulativa” durante su visita al centro.
Bustinduy ha defendido la necesidad de que el Gobierno retome cuanto antes su decreto ley de vivienda. Para el ministro, la escalada de los precios está dejando de ser únicamente un problema relacionado con el acceso a una casa y se está convirtiendo en un factor que condiciona cada vez más la vida de los ciudadanos y el funcionamiento de las ciudades.
“Es una obviedad que el precio de la vivienda en este país se ha convertido en la principal fuente de desigualdad que hay. Es el principal lastre”, ha afirmado Bustinduy ante los medios en declaraciones recogidas por Europa Press. El cierre de la Escuela Infantil Retiro, después de 20 años, se convierte así, a juicio del ministro, en un ejemplo de la creciente presión sobre los inmuebles en zonas urbanas, de la especulación y de las dificultades para mantener determinadas actividades cuando cambian los propietarios o aumentan los costes.
Medidas para contener la especulación
El ministro ha vinculado esta situación con la necesidad de aprobar nuevas medidas para contener la especulación, limitar el impacto de los pisos turísticos y regular fórmulas como el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones.
En este sentido, Pablo Bustinduy ha insistido en que no puede haber “más dilaciones” y ha reclamado que el real decreto ley de vivienda sea aprobado “en el mes de septiembre y cuanto antes”.
En cuanto al alquiler, ha informado de que 1,15 millones de personas viven actualmente en España en alquiler de temporada o en habitaciones arrendadas. De ellas, más de un tercio —unas 422.000— habría optado por un alquiler de vivienda habitual si hubiera tenido esa posibilidad.
El dato refleja, según el Ministerio, hasta qué punto las dificultades de acceso a una vivienda estable están empujando a una parte de la población hacia fórmulas alternativas. El Gobierno pretende actuar sobre ese mercado con medidas destinadas a reforzar la duración de los contratos y limitar los usos que, a su juicio, contribuyen a tensionar la oferta residencial.
Bustinduy ha asegurado además que las negociaciones con los grupos parlamentarios para sacar adelante estas medidas son “constantes”. Ha defendido que el Congreso debe situar la vivienda entre sus principales prioridades por tratarse, ha dicho, de “la primera necesidad de la ciudadanía”.
