
El Gobierno de Keiko Fujimori solicitó al Congreso la delegación de facultades legislativas por 120 días para legislar en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y modernización del Estado. En el marco de este pedido, PerúCheck revisó la exposición de motivos de la ley y seleccionó 12 diagnósticos por su relevancia para la ciudadanía, entre ellos el volumen de la población extranjera en el país, su incidencia en el sistema penitenciario, la situación de las micro y pequeñas empresas (MYPE) y el incremento de las denuncias por extorsión a nivel nacional.
Toda la verificación se sustentó, según el medio, en registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio de la Producción (Produce), el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Las 12 afirmaciones analizadas resultaron ciertas, lo que confirma la solidez de los diagnósticos presentados por el Ejecutivo ante el Congreso.

La certeza en los diagnósticos de las cabezas del nuevo gobierno se viene consolidando como tendencia, de acuerdo con PerúCheck. En el primer mensaje a la nación de la presidenta Keiko Fujimori, el 82% de las afirmaciones recogidas por el medio resultó acertado. Si a este análisis se suman los discursos de Fujimori y del premier Luis Galarreta, puede colegirse que ambas cabezas del Poder Ejecutivo tienden hacia la veracidad cuando se dirigen al Legislativo, aunque con matices: del total de afirmaciones verificadas en el pedido de confianza de Galarreta al Congreso, la tasa de veracidad fue de 64%.
Aunque las 12 verificaciones no agotan la totalidad de los diagnósticos incluidos en el documento de solicitud de facultades legislativas, permiten dimensionar con precisión la magnitud de los problemas que el Ejecutivo busca atender mediante normas con rango de ley.

Migración y población extranjera en el Perú
El pedido de facultades sostiene que, en 2025, el número de personas extranjeras residentes en el Perú ascendía a 1.500.089. PerúCheck confirmó la cifra con base en el informe Perú: Estadísticas de la Migración Internacional, al 2025 (Una visión desde los Registros Administrativos), publicado el 27 de enero de 2026 por el INEI con datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. La mayor cantidad de residentes proviene de Venezuela (1.226.525), seguida de Colombia (87.580), Ecuador (23.508), Argentina (17.439) y España (16.662). Del total, el 53,6% son hombres y el 73,8% tiene entre 15 y 49 años.
El documento también afirma que el número de ciudadanos extranjeros internados en establecimientos penitenciarios pasó de 1.633 en mayo de 2018 a 6.267 en mayo de 2026, dato que PerúCheck verificó mediante los informes mensuales del Sistema de Información Estadística Penitenciaria (SIEP) del INPE. En 2018, la mayoría de esos presos procedía de Colombia (521) y México (234), mientras que los venezolanos sumaban apenas 64. Ocho años después, la población penitenciaria extranjera se cuadruplicó y Venezuela pasó a liderar el registro con 4.748 internos, seguida de Colombia con 854.

En términos proporcionales, los ciudadanos extranjeros representaban el 2% de la población penitenciaria en mayo de 2018 y el 6% en mayo de 2026, según indica también el pedido de facultades. En 2018, la población intramuros total era de 86.091 internos, de los cuales 1.633 eran extranjeros, la mayoría detenida por tráfico ilícito de drogas. En 2026, el universo penitenciario ascendió a 105.939 personas: 99.672 peruanos (94%) y 6.267 extranjeros (6%).
Micro y pequeñas empresas, el motor del empleo privado
El documento del Ejecutivo señala que las micro y pequeñas empresas representan el 99,1% del total de empresas del país, cifra respaldada por Produce. Al cierre de 2024, existían 2,34 millones de empresas formales en el Perú, de las cuales 2,32 millones eran MYPE.

También se afirma que las MYPE generan cerca del 90% del empleo del sector privado. Según Produce, durante 2024 concentraron aproximadamente 10,2 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 86,5% del empleo generado por el sector privado. Aunque el porcentaje oficial es 86,5% y no 90%, PerúCheck consideró que la cifra se aproxima lo suficiente como para validar la afirmación del Gobierno.
Un tercer diagnóstico sostiene que la tasa de informalidad empresarial de las MYPE se mantuvo por encima del 50% durante el periodo 2021-2024. El Informe Anual MYPE 2024 confirma que la informalidad continuó representando una proporción mayoritaria del universo de micro y pequeñas empresas durante esos años, lo que valida el diagnóstico oficial sobre uno de los principales desafíos estructurales del tejido empresarial peruano.

Extorsión y criminalidad urbana, cifras que respaldan la urgencia
Entre agosto de 2024 y mayo de 2026, la Oficina del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público identificó en Lima Metropolitana y el Callao 214 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión contra el transporte público, con víctimas. Estos ataques dejaron 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 lesionados. La distribución temporal muestra una escalada sostenida: 31 víctimas entre agosto y diciembre de 2024, 140 durante todo 2025 y 112 adicionales entre enero y mayo de 2026. El Ministerio Público identificó, además, 39 atentados sin víctimas entre enero y mayo de 2026 vinculados al mismo fenómeno delictivo, no incluidos en el conteo anterior.
A nivel nacional, en 2025 se registraron 26.585 denuncias por extorsión, según el Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú. Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad, con 11.192 denuncias, seguida de La Libertad (4.400) y Piura (2.842). El pedido de facultades también sostiene que las denuncias por extorsión aumentaron 18,9% en 2025 respecto de 2024, un salto que PerúCheck confirmó al comparar las 22.361 denuncias de 2024 con las 26.585 de 2025, según el mismo sistema policial.

Informalidad laboral y el peso de la población en edad de trabajar
El documento oficial afirma que siete de cada diez trabajadores peruanos se desempeñan en condiciones de informalidad. La Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI confirma que, entre julio de 2025 y junio de 2026, el 69,3% de la población ocupada —incluidos los extranjeros— tenía empleo informal, sin protección social ni prestaciones laborales asociadas.
También se sostiene que, al cierre de 2025, la población en edad de trabajar ascendía a aproximadamente 26,6 millones de personas. El documento Perú: Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional y en 27 ciudades, del INEI, respalda esta cifra, aunque una medición más precisa correspondiente al último trimestre de 2025 eleva el estimado a 26,74 millones.

Por último, el pedido de facultades afirma que los trabajadores del hogar representan el 2,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. El MTPE informó en marzo de 2026, con base en la EPEN 2025, que ese sector estaba compuesto por 348.896 mujeres y 23.820 hombres, un total de 372.716 trabajadores. Frente a una PEA ocupada de 17.575.200 personas registrada por el INEI para 2025, el cálculo arroja una participación de 2,12%, cifra que coincide con el diagnóstico del Ejecutivo.
Las 12 afirmaciones revisadas por PerúCheck coinciden con los registros oficiales consultados. El medio precisó que la verificación se circunscribe a los diagnósticos y cifras incluidos en el pedido de facultades legislativas, y que la aplicación de las medidas que eventualmente apruebe el Congreso requerirá una evaluación posterior sobre sus resultados concretos.




