El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, reclamó la convocatoria de una Asamblea Constituyente y un aumento del presupuesto judicial del 0,35% al 5%, en el marco de un enfrentamiento abierto con el Gobierno de Rodrigo Paz por los recursos destinados a la justicia. El magistrado hizo estas declaraciones en una entrevista con la agencia EFE desde Nueva Delhi, donde participó en un foro de presidentes de cortes supremas de los países BRICS.
Saucedo cuestionó la vía elegida por el Ejecutivo para reformar la Constitución. El Gobierno de Paz impulsa una modificación parcial del texto desde el Legislativo, con el objetivo declarado de atraer inversión extranjera a una economía boliviana golpeada por la escasez de dólares y combustibles. Para el magistrado, ese camino corre el riesgo de generar un “estallido social” si sectores amplios de la llamada “Bolivia profunda” quedan al margen de la discusión.
“Abramos la Constitución. Veamos qué rumbo le vamos a dar al país, pero que participe la integridad de nuestro país. Que no sean intereses políticos del momento los que quieran tener una justicia sometida a la voluntad de ellos”, afirmó Saucedo a EFE.
El trasfondo del pulso es presupuestario. El Órgano Judicial boliviano reclama desde hace meses un incremento de los fondos que recibe del Estado, que actualmente representan alrededor del 0,35% del presupuesto nacional. El TSJ ha pedido elevar esa cifra al 5%, mientras que desde el Legislativo se ha planteado una subida menor, hasta el 3%. La disputa llevó a Saucedo a amenazar en julio con un paro judicial.
“Ha habido un interés de los políticos de tener un Poder Judicial debilitado. Porque al que es débil lo puede someter”, declaró el magistrado, en referencia a los sucesivos gobiernos bolivianos que, según su diagnóstico, han buscado mantener un sistema judicial dependiente del poder político antes que autónomo.
La crisis de la justicia boliviana no es nueva. Desde 2009, Bolivia es uno de los pocos países del mundo que elige a sus altas autoridades judiciales por voto popular, un mecanismo pensado para reforzar la legitimidad democrática del sistema. Sin embargo, sucesivas elecciones judiciales —en 2011, 2017 y 2024— han estado marcadas por bajas tasas de participación, votos nulos masivos y disputas sobre la idoneidad de los candidatos, lo que ha alimentado el cuestionamiento sobre la independencia real del Poder Judicial frente al Ejecutivo y el Legislativo.
En ese contexto de debilidad institucional, Bolivia ocupa el puesto 29 de 32 países de América Latina y el Caribe en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, organización internacional que elabora índices sobre Estado de derecho, únicamente por delante de Nicaragua, Haití y Venezuela. El indicador mide, entre otros factores, la ausencia de corrupción, la justicia civil y penal, y los límites al poder gubernamental.
Saucedo, que asumió la presidencia del TSJ en enero de 2025 tras ser elegido magistrado por el departamento de Santa Cruz, vinculó directamente la falta de recursos con la persistencia de prácticas corruptas dentro del sistema. Según explicó, buena parte de los procesos judiciales bolivianos todavía dependen de expedientes en papel, un modelo que calificó de “arcaico” y “propicio para actos de corrupción”, al citar pagos “por debajo de la mesa” para acceder a expedientes o para obtener fotocopias de los mismos.
Como respuesta a ese diagnóstico, el magistrado defendió la digitalización del sistema judicial. Afirmó que ya se desarrolla una prueba piloto con asistentes de inteligencia artificial dirigidos a jueces y litigantes, además de un expediente digital que permitiría a los ciudadanos acceder a sus causas a través del teléfono móvil. Según Saucedo, el proyecto arrancó como experiencia piloto en el departamento de Chuquisaca antes de su eventual extensión al resto del país.
El propio viaje a Nueva Delhi respondió a ese objetivo declarado de modernización. Saucedo señaló que Bolivia busca observar la experiencia de países asiáticos con mayor desarrollo tecnológico en la incorporación de herramientas digitales a la administración de justicia, en el marco del foro de presidentes de cortes supremas de los BRICS.
El magistrado enmarcó todas estas demandas —presupuestarias, constitucionales y tecnológicas— como condiciones necesarias para recuperar una independencia judicial erosionada, en sus palabras, por años en los que la justicia “bailaba al ritmo del poder político”. La disputa entre el TSJ y el Ejecutivo se produce en paralelo al debate legislativo sobre la reforma constitucional impulsada por Paz, cuyo calendario y alcance definitivos aún no se han precisado.
