La Defensoría del Consumidor de El Salvador intensificó el monitoreo de precios y del abastecimiento de productos de la canasta básica ante los efectos de la sequía y el riesgo de que comerciantes trasladen costos injustificados a los consumidores. La institución informó que este año realizó más de 15 mil verificaciones en la cadena de suministro.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, afirmó que los controles incluyen frutas, verduras, granos básicos, arroz, carnes, huevos y otros alimentos de consumo frecuente. “Mantenemos un estricto monitoreo de cara precisamente a evitar abusos en contra de la población”, dijo durante la entrevista Diálogo 21 de Grupo Megavisión.
La sequía ocasionada por la falta de lluvias, y el aumento de los combustibles (debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán) figuran entre los factores que las autoridades consideran que pueden incidir en la producción agrícola, el transporte y la comercialización. Salazar sostuvo que el objetivo es diferenciar las alzas asociadas a costos comprobables de aquellas que respondan a prácticas especulativas.
“Hay dos aspectos que son claves: en primer lugar, el abastecimiento de los productos de la canasta básica y, en segundo lugar, el tema de una estabilidad en los precios”, señaló el funcionario.
En ese sentido, los datos de la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), dependencia del Banco Central de Reserva (BCR), indican que los costos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) han ido en aumento desde enero hasta julio de 2026.
El costo mensual de la canasta básica por familia (calculado para un hogar de 3.73 miembros) se situó en $250.82 en enero, mientras que en febrero registró un alza de $252.66. En marzo el alza siguió con $254.64 y en abril con $256.71. En mayo la cifra alcanzó los $258.22, y en junio llegó a $259.95, hasta posicionarse en $261.49 en julio.
Ante este escenario, la Defensoría busca evitar que se registre acaparamiento de productos y granos básicos que pueda terminar afectando el bolsillo de la población salvadoreña. Salazar indicó que la Defensoría trabaja con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con la Dirección General de Aguas para anticipar posibles dificultades de oferta. Según explicó, el Ministerio de Agricultura realiza proyecciones de producción y consumo para determinar el volumen de alimentos que requiere el país y la participación de productores locales e importadores.
El funcionario mencionó medidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas la incorporación de más de 20 mil manzanas de maíz con sistemas de riego, más de cinco mil manzanas de frijol y 1,300 manzanas destinadas a pasto y forraje para la ganadería.
Salazar sostuvo que los agromercados y las centrales de abasto de Soyapango y Usulután ofrecen alternativas de distribución para reducir la intermediación. Añadió que los monitoreos no detectaron hasta ahora problemas generalizados de abastecimiento en productos como papa, chile verde, tomate y cebolla.
Actualmente, la Defensoría recibe denuncias por posibles abusos a través del número 910 y del WhatsApp 7844-1482. Salazar explicó que los equipos revisan los precios y pueden solicitar registros contables a empresas, importadores y distribuidores para contrastar los márgenes de comercialización con los costos declarados.
“Si existe un incremento que sea proporcional”, planteó el titular de la entidad al referirse a los criterios que deben justificar una variación de precios.
Según Salazar, en el último año la institución sancionó a más de 160 establecimientos y las multas superaron los USD 950 mil. El funcionario descartó, además, que exista fundamento para versiones sobre un aumento de las tortillas a dos unidades por USD 1 y pidió a la población evitar la difusión de información sin respaldo.
