Después de las fuertes tensiones entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la Cámara alta comenzará finalmente a tratar los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) e Inocencia Fiscal, que ya fueron aprobados por Diputados.
El primer debate será este miércoles a las 17:30, cuando se reúna el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda para analizar el proyecto de Inocencia Fiscal. El encuentro, encabezado por el senador libertario Gonzalo Guzmán Coraita, contará con la participación de invitados.
La Libertad Avanza no descarta avanzar con la firma del dictamen al finalizar el plenario, lo que permitiría dejar la iniciativa en condiciones de ser tratada posteriormente en el recinto.
También el miércoles 9 de septiembre, a las 10:30, se reunirá el plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El encuentro será encabezado por los senadores Martín Goerling Lara (PRO), presidente de Economía Nacional e Inversión, y Agustín Monteverde (LLA), titular de Presupuesto y Hacienda.
La reunión contará con la presencia de las principales autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA): su presidente, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning, quienes participarán del debate sobre la iniciativa.
Reforma de la Carta Orgánica del BCRA
Uno de los principales objetivos del gobierno de Javier Milei con la reforma es reforzar como función central del Banco Central la preservación del valor de la moneda. La iniciativa modifica el funcionamiento del organismo, busca limitar los mecanismos de financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, establece nuevas reglas para la distribución de las utilidades y apunta a fortalecer la independencia de sus autoridades.
Entre los cambios aprobados por Diputados se encuentra la eliminación de la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del Banco Central.
La iniciativa también elimina los adelantos transitorios y prohíbe que el BCRA otorgue préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.
Además, establece que el Banco Central no podrá comprar títulos emitidos por el Estado nacional al momento de su colocación.
Para La Libertad Avanza, la reforma busca dejar atrás los objetivos múltiples incorporados a la Carta Orgánica en 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central y la presidencia de Cristina Kirchner.
Otro de los cambios centrales está relacionado con la remoción de las autoridades del BCRA. El proyecto establece que el presidente, el vicepresidente y los directores solo podrán ser apartados de sus cargos por las causales expresamente previstas en la ley.
Además, la destitución deberá contar con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso, con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
El sistema de designación, en cambio, se mantiene: los integrantes del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán contar con el acuerdo del Senado por mayoría simple.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue aprobada por la Cámara de Diputados con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones, durante la sesión del pasado 22 de agosto.
Inocencia Fiscal II
El proyecto de Inocencia Fiscal, también aprobado por Diputados, incorporó modificaciones surgidas de las propuestas de los bloques dialoguistas y de las negociaciones que mantuvo el oficialismo para reunir los votos necesarios.
Uno de los principales cambios fue la decisión de excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen.
La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen, además de quienes ejerzan esas funciones posteriormente.
En el Poder Ejecutivo, quedan comprendidos los funcionarios y empleados con rango igual o superior al de secretario de Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires.
En el Poder Legislativo, la exclusión alcanza a diputados y senadores nacionales, legisladores provinciales y porteños, concejales y parlamentarios del Mercosur.
También quedan afuera de los beneficios los magistrados del Poder Judicial y los integrantes del Ministerio Público de todas las jurisdicciones, además de autoridades de organismos de control y enjuiciamiento.
Entre ellos se encuentran los defensores del Pueblo, miembros del Consejo de la Magistratura y de los Jurados de Enjuiciamiento.
