El sobrepeso y la obesidad generan en España una carga económica estimada de 19.600 millones de euros cada año, equivalente a 401 euros por habitante y aproximadamente al 1,2 por ciento del producto interior bruto.

Así lo recoge el informe 'La carga económica del sobrepeso y la obesidad en Europa', un estudio elaborado por la Office of Health Economics (OHE) por encargo de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA), a la que pertenece Farmaindustria.

El estudio analiza la carga sanitaria y económica vinculada al índice de masa corporal (IMC) elevado en ocho países europeos: Alemania, Francia, Italia, España, Irlanda, Grecia, Rumanía y Reino Unido.

En España, los costes directos ascienden a 14.900 millones de euros y representan el 76 por ciento del total. Entre las patologías que más contribuyen a esta factura figuran las enfermedades musculoesqueléticas, con 4.300 millones de euros; la diabetes tipo 2, con 3.000 millones; las enfermedades cardiovasculares, con 2.700 millones, y la enfermedad renal crónica, con 1.700 millones.

Los costes indirectos alcanzan los 4.700 millones de euros, el 24 por ciento del total. El absentismo y la inactividad económica suponen 1.300 millones de euros cada uno; el presentismo y los cuidados informales, 900 millones respectivamente, y la mortalidad prematura, 300 millones.

Aunque esta carga indirecta equivale aproximadamente a un tercio de los costes directos -una proporción menor que en algunos de los países analizados-, Farmaindustria señalaa que las elevadas tasas de absentismo hacen que el impacto sobre la productividad siga siendo considerable.

En el conjunto de Europa, el 56 por ciento de la población tiene sobrepeso o vive con obesidad, proporción que alcanza a uno de cada tres niños. En los ocho países estudiados, el IMC elevado se asocia cada año con 278.000 muertes y la pérdida de ocho millones de años de vida saludable. Los costes anuales oscilan entre el 0,6 y el 1,4 por ciento del PIB, mientras que entre el 18 y el 58 por ciento del impacto total corresponde a pérdidas de productividad por mortalidad prematura, inactividad económica, absentismo, presentismo y tiempo dedicado a cuidados.

El informe muestra además la estrecha relación entre el IMC elevado y distintas enfermedades no transmisibles. Se le atribuye cerca del 60 por ciento de los años de vida saludable perdidos por diabetes tipo 2, el 45 por ciento de los ocasionados por enfermedades digestivas y el 32 por ciento de los vinculados a la enfermedad renal crónica.

AVANCES Y BARRERAS EN ESPAÑA

Según destaca el informe, España ha aprobado recientemente el Documento de Desarrollo de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud 2025-2028, que identifica la obesidad como un problema de salud prioritario.

Su línea estratégica específica plantea reforzar la prevención y el control mediante entornos y estilos de vida más saludables, evaluaciones que vayan más allá del IMC y tratamientos optimizados e individualizados, prestados por equipos interdisciplinares y apoyados en recursos comunitarios. La estrategia incorpora asimismo las comorbilidades, los determinantes sociales, la desestigmatización y los factores psicoemocionales, con especial atención a las poblaciones vulnerables.

No obstante, el análisis identifica barreras a lo largo de todo el continuo asistencial. Según señala el informe, los medicamentos para el tratamiento de la obesidad no están financiados con carácter general por el Sistema Nacional de Salud, lo que limita el acceso de gran parte de las personas que viven con esta enfermedad. A ello se añaden las largas listas de espera, las diferencias territoriales y la limitación de recursos que condicionan el acceso a la cirugía metabólica y bariátrica en el sistema público.

RECONOCER LA OBESIDAD COMO ENFERMEDAD

El estudio plantea también cinco líneas de actuación para abordar la carga económica del IMC elevado, en línea con la implementación del EU Safe Hearts Plan y su objetivo de reducir la mortalidad cardiovascular prematura para 2035.

Así, el estudio considera necesario reconocer la obesidad como enfermedad crónica y recidivante, ya que su reconocimiento permitiría reforzar la vigilancia, la financiación y el acceso a itinerarios asistenciales adecuados.

Además, aboga por combatir el estigma asociado al peso y mejorar el acceso a la prevención y al tratamiento. Así como, generar evidencia para orientar la inversión e integrar la obesidad en el Plan Europeo de Salud Cardiovascular.