
Cerca de las 5 de la mañana, los trabajadores de la mina de oro Kinross comenzaban su jornada. Para los 2.400 mineros que habían iniciado el turno aquel martes 16 de septiembre de 1986, nada hacía pensar que sería una jornada distinta. Como cada día, descendían cientos de metros bajo tierra para trabajar en una de las grandes explotaciones del metal de Sudáfrica, a unos 100 kilómetros al este de Johannesburgo.
A más de 1000 metros de profundidad, cerca de las 8:45, una cuadrilla realizaba trabajos de reparación cuando un incendio estalló en las galerías. En cuestión de minutos, las llamas y una nube de gases tóxicos comenzaron a avanzar por los túneles y convirtieron la mina en una trampa mortal. Pero las llamas no fueron las que mataron a la mayoría... Hubo materiales altamente tóxicos que desataron una nube de humo y gases que se propagó rápidamente por los túneles. El aire se volvió irrespirable y los trabajadores comenzaron a caer mientras intentaban escapar.
Cuando terminó el rescate, 177 hombres habían muerto y otros 235 habían resultado heridos. Más de dos mil hombres lograron ser evacuados de las zonas afectadas por el incendio y los gases tóxicos. La mayoría de las víctimas eran trabajadores negros sudafricanos y migrantes de otros países del sur de África, entre ellos Lesotho, Mozambique y Malawi. Kinross se convirtió en el peor desastre de la historia de la minería de oro sudafricana y, en pleno apartheid, expuso una realidad que iba mucho más allá del incendio: las condiciones en las que los trabajadores negros descendían cada día a las profundidades para extraer el oro que sostenía una parte fundamental de la economía del país.

La chispa de la tragedia
La investigación oficial determinó que el incendio comenzó en el nivel 15 de la mina, a unos 1.600 metros de profundidad. Un soldador y su ayudante realizaban trabajos de reparación en una tubería de agua cuando una chispa alcanzó un cilindro de acetileno, un gas altamente inflamable. Lo que parecía un incendio menor encontró rápidamente combustible para expandirse a su alrededor: tuberías plásticas, cables recubiertos y, sobre todo, la espuma de poliuretano aplicada sobre las paredes y estructuras de las galerías para contener las filtraciones de agua.
Para las 9:30, apenas 45 minutos después del inicio, el incendio había alcanzado esos revestimientos. La espuma y los demás materiales comenzaron a arder y liberaron una enorme cantidad de humo y gases tóxicos que entraron en el sistema de ventilación. El fuego ya no era el principal peligro: la nube venenosa podía avanzar por los túneles y alcanzar a trabajadores que estaban a cientos de metros del lugar donde había comenzado el siniestro: ahora, el aire que respiraban los mineros se había convirtido en una amenaza mortal.
La nube avanzó por las galerías y los niveles conectados mientras los trabajadores intentaban escapar. Algunos llegaron a correr hacia zonas donde todavía se podía respirar; otros cayeron antes de conseguirlo. Los equipos de rescate descendieron con aparatos de respiración y comenzaron a buscar sobrevivientes entre los sectores contaminados. Era tan la toxicidad que incluso algunos de los propios rescatistas terminaron convirtiéndose en víctimas.
El último minero encontrado con vida apareció casi doce horas después, protegido por una bolsa de oxígeno.
Para el amanecer, buena parte de los dos niveles más afectados ya habían sido despejados, pero todavía quedaban alrededor de una docena de trabajadores desaparecidos y casi ninguna esperanza de encontrarlos vivos. Durante la noche, las ambulancias habían salido de la mina una detrás de otra; en uno de los momentos más dramáticos, llevaban cuerpos a la morgue cada tres minutos.

El fuego que no quemó a la mayoría
La paradoja de Kinross quedó clara desde las primeras horas: la mayoría de los trabajadores no murió quemada. Murió por el aire que respiró. Mientras los equipos de rescate todavía trabajaban bajo tierra, comenzaron a aparecer preguntas que iban mucho más allá del origen del incendio: ¿por qué había materiales capaces de liberar gases letales en una mina de semejante profundidad y cuánto se sabía sobre sus riesgos?
El poliuretano utilizado la General Mining and Union Corporation en Kinross ya había despertado preocupación en la industria minera internacional. En los días posteriores al desastre, medios internacionales señalaron que materiales de ese tipo habían sido prohibidos en las minas británicas y que existían advertencias sobre sus riesgos en otros países. La controversia se agravó cuando se supo que la compañía había perdido el año anterior la máxima calificación de seguridad en su mina de Kinross, descendiendo a tres estrellas debido a sus malas condiciones de infraestructura.
Pero la empresa sostuvo que sus responsables no conocían el peligro que representaba el producto utilizado y argumentó que la mina había solicitado una espuma resistente al fuego, pero había recibido un producto diferente. Para los sindicatos, en cambio, el desastre no podía explicarse como un simple error durante una reparación: había que investigar las decisiones empresariales y las condiciones de seguridad de la mina.
El proceso judicial tampoco responsabilizó penalmente a la dirección: siete trabajadores fueron llevados ante la Justicia, seis supervisores fueron absueltos y un soldador se declaró culpable de dos infracciones de las normas mineras y recibió una multa.

177 muertos y una pregunta que atravesaba el apartheid
De las 177 víctimas, 172 eran trabajadores negros y cinco eran blancos, según los registros difundidos después del desastre. Muchos de los trabajadores negros eran migrantes provenientes de Lesotho, Mozambique, Malawi y otros territorios del sur de África, además de distintas regiones de Sudáfrica. La composición de las víctimas reflejaba el sistema de migración laboral sobre el que se había construido buena parte de la minería sudafricana.
En 1986, Sudáfrica seguía bajo el apartheid y las grandes minas dependían de una enorme fuerza laboral negra, mientras los puestos de supervisión y dirección estaban mayoritariamente ocupados por hombres blancos. Para el Sindicato Nacional de Mineros, la tragedia de Kinross no podía quedar reducido a un accidente aislado. Su secretario general, Cyril Ramaphosa, denunció en los medios las condiciones de seguridad y afirmó ante la BBC que el desastre demostraba que el país había vuelto a la “época oscura” de la minería.
La disputa alcanzó incluso el funeral. Los propietarios de la mina organizaron un servicio conmemorativo, pero los trabajadores protestaron porque los representantes sindicales habían quedado excluidos. La ceremonia fue interrumpida y el NUM convocó para el 1 de octubre una jornada de duelo y protesta en memoria de los muertos.
El Grupo de Monitoreo Laboral calculó que alrededor de 325.000 mineros participaron de la huelga y jornada de protesta, mientras las empresas estimaron unos 250.000. Los trabajadores abandonaron sus puestos y participaron en las conmemoraciones organizadas en distintas zonas mineras.
Kinross había dejado de ser solamente el nombre de una mina y de una tragedia. Para los trabajadores, condensaba una realidad cotidiana: bajar cada día a cientos de metros de profundidad, asumir riesgos permanentes y tener una participación limitada en las decisiones sobre seguridad. La protesta convirtió el desastre en una disputa mucho más amplia sobre las condiciones laborales de la minería durante el apartheid.

Después de Kinross
El desastre no terminó con el entierro de los trabajadores fallecidos. En noviembre de 1988, las autoridades mineras prohibieron el uso de espumas de poliuretano expandido en las explotaciones subterráneas, salvo excepciones muy limitadas y bajo autorización. La medida entró en vigor en enero de 1989 y estuvo acompañada por la incorporación de equipos de autorescate destinados a proteger a los trabajadores atrapados en atmósferas contaminadas.
Kinross también quedó entre los antecedentes de una revisión mucho más amplia de la seguridad minera sudafricana. La Comisión Leon, creada años después para investigar las condiciones de seguridad y salud en la industria, cuestionó el modelo de autorregulación que había predominado durante décadas y señaló que los riesgos asociados al poliuretano eran conocidos antes del desastre.
En 1996, ya después del fin del apartheid, Sudáfrica aprobó la Mine Health and Safety Act (Ley de Salud y Seguridad Minera), que modificó profundamente el marco regulatorio de la minería y reforzó las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores en materia de salud y seguridad.




