La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha reavivado un temor recurrente en la historia del capitalismo: el de una tecnología capaz de sustituir masivamente al trabajo humano.
Sin embargo, la evidencia disponible no permite sostener, al menos hasta ahora, que la IA esté destruyendo empleo en términos netos. Antes de ceder al alarmismo, conviene revisar qué mitos rodean esta discusión y qué enseña la historia económica sobre los saltos tecnológicos disruptivos.
Cada innovación de magnitud ha generado el mismo temor: que las máquinas dejen sin trabajo a los humanos. A comienzos del siglo XIX, los luditas destruyeron telares mecánicos en Inglaterra convencidos de que estos destruirían su oficio; sin embargo, la industria textil británica se expandió y multiplicó el empleo industrial. Las revueltas del Capitán Swing, décadas más tarde, respondieron a la introducción de trilladoras que expulsaban trabajadores del campo; pero esa fuerza de trabajo encontró luego empleo en la industria textil. En los años treinta del siglo XX, el taylorismo y el fordismo reavivaron el debate sobre el “desempleo tecnológico”, una noción retomada incluso por John M. Keynes; no obstante, la tecnología impulsó la producción industrial a escala global. La “paradoja de la productividad” de los años ochenta, asociada a la computación, tampoco derivó en destrucción neta de empleo, sino en nuevos sectores vinculados a la informática e Internet. En 1995, Jeremy Rifkin anticipó en El fin del trabajo que no quedarían sectores capaces de absorber a los trabajadores desplazados; tampoco ocurrió.
Esta reconstrucción histórica no implica negar que la IA desplace tareas concretas, sustituyendo trabajo manual e intelectual por trabajo mecánico y de sistemas. Lo que sugiere, en cambio, es que cada salto tecnológico ha generado nuevos sectores capaces de compensar, y hasta superar, la destrucción de empleos preexistentes. Los datos globales lo confirman: en 1950 existían en el mundo unos 820 millones de puestos de trabajo, una población económicamente activa (PEA) de 870 millones de trabajadores y una población total de 2.500 millones de habitantes. En términos relativos, esto implicaba un cociente entre empleos y PEA del orden del 0,94 (de cada 100 personas en condiciones de trabajar, 94 poseían efectivamente un empleo) y una relación entre empleos y población de aproximadamente 0,33 (uno de cada tres habitantes tenía un empleo efectivo). En 2025, pese a que pasaron desde entonces más de siete décadas de maquinización, robotización y automatización acelerada, la cifra de empleos totales asciende a unos 3.500 millones, con una PEA de algo más de 3.600 millones de trabajadores y una población total de algo más de 8.000 millones de habitantes. Los cocientes se han mantenido e, incluso, mejorado: la relación entre empleos y PEA es actualmente de 0,95 y el cociente entre empleos y población es del orden del 0,42. Y no solo es un fenómeno que se verifica en la comparación punta a punta, sino que tales relaciones se han mantenido casi inalterables en los últimos 75 años. Por tanto, el problema no parece residir en la cantidad de empleo disponible, sino en su calidad y en la remuneración que ofrece.
Lo cierto es que la IA todavía no ha generado un impacto significativo en el mercado laboral, ni siquiera en Estados Unidos, China o Europa; tampoco en la Argentina. Esta nueva tecnología exige un marco regulatorio propio, como el que ya adoptaron algunas naciones, que oriente sus usos, defina prácticas éticas y proteja los datos de los ciudadanos, hoy expuestos por acuerdos que permiten su alojamiento en servidores extranjeros. Regular no significa desalentar: la IA puede aportar beneficios en salud, educación y procesos productivos, siempre que se regulen los efectos no deseados de su implementación.
El problema del empleo en la Argentina reciente no proviene, sin embargo, de la IA, sino del modelo económico vigente. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, la desocupación pasó del 5,7% al 7,8%, cerraron más de 30.000 empresas y se perdieron casi 600.000 puestos de trabajo formales, parcialmente compensados por 160.000 trabajadores autónomos y monotributistas adicionales. El deterioro es, sobre todo, cualitativo: los empleos industriales con derechos laborales pierden terreno frente a la economía de plataformas, que ya emplea a un millón de personas, de acuerdo con estimaciones recientes. Un modelo centrado exclusivamente en la valorización financiera y en sectores primarios, como el minero y el hidrocarburífero, difícilmente tenga la capacidad de multiplicar el empleo, pues son sectores que requieren de poca mano de obra. En la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mitad de la industria nacional, los sectores intensivos en trabajo —la industria, la construcción, el comercio y el turismo— se han contraído por el impacto del modelo económico que impulsa el Gobierno nacional, con la consiguiente pérdida de empleos.
Frente a ese diagnóstico, la alternativa exige un cambio de modelo: uno que privilegie la producción, la industria y los servicios de alto valor agregado, que ubique a los trabajadores en los eslabones más relevantes de la cadena de valor y ofrezca formación, dignidad y mejores salarios. Esto supone una política industrial activa, distinta de esquemas como el RIGI, que otorga beneficios fiscales sin exigir contrapartidas en empleo, salarios e inversión. En paralelo, es necesario sostener a quienes quedan excluidos durante la transición mediante mecanismos de ingreso y capacitación. Ese programa —industrialización, nuevos sectores productivos, distribución del ingreso y contención de los excluidos— constituye la propuesta histórica del peronismo y es la que debería guiar la discusión pública sobre el futuro del trabajo en la Argentina.
