Desde hace meses, el proyecto de reubicar a presos en Italia ha provocado disputas entre Gobierno y Cerdeña. Durante este inicio de septiembre, este traslado se ha puesto en marcha. La decisión de enviar a 92 reclusos sometidos al régimen 41 bis, la mayoría condenados por delitos vinculados a la mafia, a la prisión Ettore Scalas de Uta ha abierto un choque entre las instituciones de la isla y el Gobierno de Giorgi Meloni. La llegada de los primeros presos a la cárcel de Uta ha elevado la tensión.
La presidenta regional, Alessandra Todde, sostuvo que el ministro de Justicia, Carlo Nordio, había asumido el compromiso de no avanzar sin un acuerdo con la región, pero que ahora lo habría roto. “Con la llegada de los primeros reclusos sometidos al artículo 41 bis a la prisión de Uta, el ministro Nordio está llevando a cabo una decisión impuesta a Cerdeña, evitando el diálogo con la Región hasta el último momento”, afirmó Todde en un comunicado difundido tras el traslado.
La presidenta sostuvo que el Ejecutivo central no contestó a una solicitud enviada el 4 de agosto, en la que reclamaba la documentación y los criterios que justificaban la concentración del régimen especial en centros penitenciarios sardos. “Sin respuesta. El Gobierno prefirió actuar unilateralmente y con arrogancia, tratando a Cerdeña como si fuera la Cayena de Italia”, declaró, haciendo referencia a lo que sucedía en la capital de Guayana Francesa, una isla que se empleó para albergar reclusos.
737 internos pese a disponer de 561 plazas
La presidenta del Tribunal de Vigilancia de Cagliari, Maria Cristina Ornano, denunció la situación de la cárcel de Uta. Según los datos facilitados por el ejecutivo regional, el centro cuenta con 561 plazas y alberga a 737 presos, además de afrontar una falta de personal policial. Ornano señaló que Cerdeña registra una proporción de un recluso por cada 660 habitantes, frente a una media nacional de uno por cada 1.145. También cifró en 1.253 los internos no sardos en las prisiones de la isla.
Hasta el anuncio de los traslados, había 93 presos sometidos al 41 bis en Cerdeña. La llegada de los nuevos reclusos elevaría el total a 185, según explicó la magistrada. “Cerdeña es la región de Italia con el mayor número de reclusos de este tipo. Ninguno de ellos es sardo”, afirmó. La presidenta Todde advirtió de que la situación de Uta tiene paralelismos con la de Bancali y vinculó el traslado con la presión sobre los servicios penitenciarios y sanitarios. “La Uta ya está saturada. Bancali se encuentra en una situación similar, y el sistema sufre escasez de personal y una saturación de los servicios sanitarios”, señaló.
Cerdeña exige explicaciones al Gobierno
La presidenta regional insistió en que su postura no cuestiona el artículo 41 bis, una herramienta destinada a limitar las comunicaciones de presos considerados especialmente peligrosos y a combatir la actividad de las organizaciones criminales desde prisión. “Es fundamental contra el crimen organizado”, afirmó Todde. “En este caso, impugnamos una decisión gubernamental específica y la forma en que se impuso a Cerdeña como isla”, aclaró.
Según relató, durante la reunión celebrada meses antes en el Ayuntamiento de Uta para abordar esta decisión, Nordio se comprometió a no avanzar sin un acuerdo con la Región y a estudiar las necesidades de los tribunales de vigilancia y del personal penitenciario. También recordó que Cerdeña, por su estatuto especial, financia su sistema sanitario y asume los costes médicos de los reclusos que acoge. “El ministro de Justicia tenía el deber institucional de explicar por qué se eligió nuestra isla y cómo piensa garantizar la dotación de personal, la seguridad y la atención médica adecuadas”, afirmó. “Optó por el silencio. Hoy llegan los reclusos. Esta es la respuesta de Nordio a Cerdeña”.
