El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco establecimientos penitenciarios y ordenó que la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, se encargue del control del orden interno en las zonas exteriores. La decisión busca reforzar la seguridad en cárceles que, de acuerdo con el Ejecutivo, concentran al 50% de los ciudadanos que integran o dirigen organizaciones criminales.
La medida quedó formalizada en el decreto supremo 128/2026 de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en el diario oficial. El alcance comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.
El decreto establece una zona de intervención de 200 metros alrededor de cada prisión. Dentro de ese perímetro quedan suspendidos los derechos constitucionales vinculados con la libertad de tránsito, la reunión y la seguridad personal. La restricción alcanza los accesos terrestres, el espacio aéreo inmediato y las señales de comunicación en el entorno de los centros penitenciarios.
La Policía y las Fuerzas Armadas reforzarán el control externo de los penales
La PNP y las Fuerzas Armadas deberán ejecutar operativos para resguardar los alrededores de las cinco cárceles durante el periodo de emergencia. El despliegue apunta a impedir acciones que comprometan la seguridad de los recintos, entre ellas posibles fugas, ataques contra el personal o el ingreso de elementos prohibidos.
La disposición incorpora medidas de vigilancia sobre el espectro electromagnético en las zonas cercanas a las prisiones. El Gobierno busca impedir que se instalen antenas, repetidores u otros mecanismos que permitan a los internos acceder a internet o telefonía celular desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
El plan contempla además un control estricto de los ingresos. La supervisión alcanzará a familiares y otras visitas, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), agentes de seguridad y personal autorizado que deba ingresar a los centros. Las autoridades deberán revisar los procedimientos de acceso para reducir el riesgo de que ingresen dispositivos o armas.
Los operativos buscarán decomisar celulares, tarjetas SIM y armas
Las acciones previstas incluyen trabajos de inteligencia orientados a detectar eventuales planes de fuga y movimientos que puedan alterar la seguridad externa de las cárceles. También habrá operativos permanentes para incautar teléfonos celulares, tarjetas SIM, cargadores, armas y otros objetos prohibidos que puedan ser utilizados para mantener comunicaciones con redes criminales fuera de los penales.
Esas intervenciones se realizarán en coordinación con el grupo de operaciones especiales del INPE, organismo que conservará la administración y la custodia dentro de los establecimientos. La emergencia no transfiere el manejo interno de las prisiones a la Policía ni a las Fuerzas Armadas, cuyo rol se concentra en el perímetro exterior y en el respaldo de las operaciones de seguridad.
La separación de funciones busca mantener la estructura de control penitenciario mientras se amplía la capacidad de vigilancia en los alrededores. El INPE continuará a cargo de la población carcelaria, de los pabellones y de las rutinas internas, mientras que las fuerzas desplegadas deberán impedir que el entorno de las cárceles sea utilizado para coordinar ingresos ilegales, facilitar comunicaciones o preparar evasiones.
Las amenazas en Miguel Castro Castro forman parte de los antecedentes de la medida
El penal Miguel Castro Castro, ubicado en Lima, figura entre los recintos incluidos en la emergencia luego de que se registraran amenazas y explosivos en sus inmediaciones. Según la información oficial, los mensajes estuvieron dirigidos contra los administradores del establecimiento y contra trabajadores del sistema penitenciario.
El Ejecutivo vinculó esas amenazas con la actividad de internos que, pese a permanecer recluidos, conservarían contacto con estructuras criminales dedicadas a extorsionar a comerciantes y transportistas. La preocupación oficial se centra en que algunos reclusos mantengan capacidad para impartir órdenes, coordinar ataques o exigir pagos mediante comunicaciones clandestinas.
La declaratoria tendrá vigencia durante 60 días y abarca cinco penales situados en cuatro regiones del país. Al término de ese periodo, el Gobierno deberá evaluar los resultados de los operativos, la situación de seguridad en los alrededores y la necesidad de mantener, modificar o levantar las restricciones dispuestas para cada establecimiento.
