Los transportistas extraurbanos de rutas largas y cortas advirtieron que podrían abandonar Centra Sur el próximo 3 de septiembre si la municipalidad junto al Gobierno de Guatemala no concretan un refuerzo de seguridad, en medio de una crisis marcada por 37 muertes en el sector durante 2026 que el gremio atribuye a las extorsiones.
La cifra resume el punto de quiebre que plantean las gremiales: en julio habían reportado 35 pilotos y ayudantes asesinados en el primer semestre, y después del homicidio de un conductor en la Calzada San Juan el total subió a 37. El reclamo se concentra en la falta de protección en terminales, carreteras y puntos de abordaje.
Carlos Vides, presidente de Gretexpa, dijo a periodistas de diferentes medios de comunicación en Guatemala, que tras una reunión con autoridades municipales que las medidas visibles en la terminal no responden a la urgencia del sector. Según explicó, hubo trabajos como pintura, adecuación de baños y colocación de luces, pero la exigencia central sigue siendo otra.
“Ya pintaron, que están adecuando baños, que pusieron luces, pero eso no nos interesa como tal. Si nosotros no tenemos la seguridad, ya se les advirtió a la Municipalidad que nos vamos de acá”, afirmó Vides. También señaló que en el lugar “entra la gente sin ningún control”.
El gremio fijó una última reunión antes de dejar la terminal
La fecha que el sector puso como límite es el jueves 3 de septiembre a las 10:00. Ese día, según Vides, sostendrán una última reunión con representantes de la municipalidad para recibir una respuesta concreta sobre presencia de fuerzas de seguridad en la terminal.
El dirigente sostuvo que, si no se instala una oficina o un espacio de operación para la Policía Nacional Civil y no hay circulación del Ejército con tareas de apoyo en la revisión contra la delincuencia, las empresas se retirarán “sin avisar de nada”. La amenaza incluye el traslado de operaciones a la zona dos de la capital.
Vides calificó como insuficientes las reuniones previas y dijo que el sector ya no quiere seguir acumulando víctimas. “Nos están dando largas, que vayan, que vengan reuniones. Nos hacen perder tiempo, que para nosotros es muy valioso”, sostuvo.
La salida, si se concreta, apunta a un área que el gremio considera más apta para operar. El presidente de Gretexpa dijo que la zona dos tiene calles anchas y recordó que antes trabajaban allí, expuestos, pero sin la obligación de permanecer en la terminal actual.
El reclamo por Centra Sur se suma a una exigencia nacional por extorsiones
La presión sobre la terminal ocurre después de que Gretexpa exigiera al Gobierno de Guatemala medidas urgentes de seguridad tras el asesinato de un conductor de unos 30 años en la zona siete de la Ciudad de Guatemala. El ataque ocurrió el 27 de agosto, cuando la víctima conducía una unidad con destino a San Raymundo.
En ese hecho, dos pasajeras resultaron lesionadas: una por un roce de bala y otra por fragmentos de vidrio. Los Bomberos Municipales atendieron a la víctima en el lugar y confirmaron su muerte por la gravedad de las heridas.
Horas más tarde, la Policía Nacional Civil capturó a dos personas señaladas como presuntos sicarios del Barrio 18. A los detenidos se les decomisó un revólver ilegal y el vehículo en el que intentaban huir.
En su pronunciamiento del 28 de agosto, el gremio responsabilizó al presidente Bernardo Arévalo de León y al ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval por la falta de respuesta ante una violencia que, según la organización, afecta un servicio público esencial protegido por el artículo 131 de la Constitución de Guatemala.
La gremial pidió cuatro medidas: un plan de seguridad permanente para las principales rutas extraurbanas y para Centra Sur, resultados de investigación para desarticular redes de extorsión, mesas de trabajo con las máximas autoridades de seguridad y el despliegue del Ejército de Guatemala en terminales y puntos de transferencia.
La exigencia no se limita a los conductores. Según Vides, los ataques y asaltos ya alcanzan también a los usuarios, y el sector contabiliza entre pasajeros unas 11 personas fallecidas y heridas en hechos vinculados con la violencia dentro de las unidades.
A ese cuadro se suma la presión económica. En julio, las gremiales advirtieron que el encarecimiento del diésel y la inseguridad podían derivar en un aumento de tarifas de entre 15 % y 20 % en unas dos semanas si el Gobierno no intervenía.
