Buenos Aires, 6 sep (EFE).- Empresas locales y extranjeras con base en Argentina expresaron su apoyo al decreto firmado por el presidente Javier Milei para aplicar sanciones a petroleras que operen en las islas Malvinas, bajo ocupación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano.
Las energéticas Schlumberger (SLB), Halliburton y Baker Hughes; el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP); la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); y la Sociedad Rural Argentina (SRA) y más entidades empresariales publicaron comunicados en los que se manifestaron de acuerdo con la medida anunciada el jueves por el Ejecutivo argentino.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, busca acelerar los procedimientos para aplicar la ley 26.659, aprobada por el Parlamento argentino en 2011 y que establece las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Esa norma establece sanciones para las empresas que realicen actividades sin la autorización de Argentina, país que considera a las islas Malvinas y a las aguas que la circundan como espacios comprendidos dentro de su plataforma continental.
SLB manifestó en su comunicado que "no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes".
Halliburton afirmó que no está participando del proyecto de exploración hidrocarburífera Sea Lion, que la británica Rockhopper y la israelí Navitas impulsan en la cuenca norte de Malvinas, Halliburton porque "respeta la soberanía de la República Argentina y reafirma su compromiso con Argentina, su pueblo, y el desarrollo responsable del sector energético del país".
Baker Hughes informó que la empresa "no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes".
En el mismo sentido se expresó el G6, conglomerado de entidades empresariales del país suramericano que integran la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
En su comunicado, el G6 dijo que "la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos" y que reafirma la "necesidad de sostener con firmeza el reclamo argentino".
"La defensa del territorio, de nuestros recursos naturales y de los intereses estratégicos de la Nación es una responsabilidad de todos los argentinos y una política de Estado que debemos sostener unidos", agregaron las empresas.
La CICyP manifestó su "apoyo al mensaje del Gobierno Nacional referido a las iniciativas orientadas a preservar los intereses nacionales y los recursos naturales", mientras que la SRA afirmó que "la defensa de la soberanía nacional es una prioridad histórica".
Argentina ya había aplicado las sanciones previstas en la ley 26.659 a la petrolera británica Rockhopper, en 2013, y la israelí Navitas, en 2022, socias en el proyecto Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en el Atlántico sur.
La ley de 2011 no solo sanciona a las petroleras no habilitadas por Argentina, sino también a quienes tengan participación directa o indirecta en los proyectos o que presten para esos desarrollos servicios comerciales, económicos, financieros, logísticos, técnicos y de consultoría.
Todos estos podrían quedar inhabilitados por un plazo de cinco a veinte años para desarrollar actividades en Argentina.
En Malvinas operan, además de Navitas y Rockhopper, la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI, además de varias compañías que les proveen servicios e infraestructura. EFE
