El nuevo teleférico urbano de Panamá y San Miguelito pasó de una licitación sin ofertas a una contratación adjudicada a Doppelmayr Panamá Corp. Por $255.163.788,03.
El proyecto avanzó después de que el Gobierno dejara de lado el modelo de concesión administrativa que había planteado en un inicio.
Esta decisión permitió relanzar la contratación bajo un esquema distinto, tras las dificultades que enfrentaron los grupos empresariales para conseguir el financiamiento exigido.
La obra contempla un sistema de transporte por cable de unos 6,6 kilómetros. El recorrido incluirá seis estaciones y conectará zonas de Panamá y el distrito de San Miguelito.
El Metro de Panamá informó que la contratación se resolvió después de que concluyeran las etapas previstas en la Ley 22 de Contrataciones Públicas y su reglamentación. La compañía participó en la Licitación por Mejor Valor N.° 2026-2-80-01-08-LV-000002.
Se informó que la Comisión Evaluadora revisó la documentación presentada por Doppelmayr y concluyó que cumplía las condiciones fijadas en el pliego de cargos. El organismo recomendó que el contrato fuera otorgado a la empresa.
La firma había presentado el 18 de agosto la única oferta económica del nuevo proceso.
El monto no incluyó el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, debido a la exención tributaria aplicable al Metro de Panamá.
La propuesta recibió 962 puntos sobre 1,000, calificación permitió que continuara el trámite que desembocó en la adjudicación oficial.
El sistema tendrá paradas en Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.
La proyección inicial establece una capacidad de entre 2,800 y 3,600 pasajeros por hora en cada sentido.
Respecto a la integración con la red ya existente, se indicó que figura entre los elementos centrales de la iniciativa, puesto que teleférico enlazará con la Línea 2 del Metro en la estación Cincuentenario.
Desde allí, el recorrido se extenderá hasta el sector donde convergen la vía Cincuentenario y la vía España.
Las autoridades incluyeron a Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter entre las comunidades que recibirán la nueva alternativa de movilidad.
El proyecto, de acuerdo a las autoridades, busca sumar una conexión para áreas que concentran desplazamientos diarios hacia otros puntos de la capital. La futura red por cable se incorporará al sistema de transporte público que ya opera en ese corredor.
El camino hacia la nueva adjudicación comenzó con el fracaso de la convocatoria anterior.
El 28 de mayo de 2026, el acto de recepción y apertura de ofertas concluyó sin propuestas económicas ni técnicas.
Dos consorcios habían superado la fase de precalificación, pero ninguno presentó una oferta dentro del plazo. El proceso llevaba más de un año de preparación y había acumulado cambios en las condiciones de contratación.
La entidad introdujo 10 adendas al pliego de cargos para flexibilizar requisitos y atender consultas de los potenciales participantes. Una de las últimas modificaciones, identificada como Adenda N.° 10, llegó pocos días antes del cierre.
Entre los grupos precalificados estaba el Consorcio Teleférico SPE, formado por Sofratesa de Panamá y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura. El otro era el Consorcio Teleférico San Miguelito-TSM, integrado por la española Cointer Concesiones y Doppelmayr Panamá Corp.
El Metro de Panamá explicó en su momento tras el cierre de la primera licitación que los consorcios no lograron la bancarización del proyecto. En la práctica, eso implicaba que no pudieron estructurar el respaldo financiero requerido para ejecutar la obra bajo las condiciones de la concesión.
Las empresas contaban con experiencia técnica para desarrollar sistemas de transporte por cable, aunque el obstáculo estuvo en la obtención de garantías y créditos de bancos o entidades internacionales que permitieran cerrar el esquema económico.
Los cambios introducidos antes de que venciera el plazo buscaban responder a esas dificultades. Las modificaciones incluyeron ajustes en el cálculo de las fianzas y nuevas garantías para respaldar las inversiones del eventual concesionario.
También se revisaron las exigencias financieras, las condiciones para el cierre financiero y los mecanismos de indemnización. El pliego precisó las reglas aplicables ante incumplimientos o una terminación anticipada del contrato.
Las nuevas condiciones permitieron que los indicadores financieros fueran acreditados por uno o varios integrantes de cada consorcio. Pese a esas medidas, la convocatoria bajo concesión no recibió ofertas y el Estado optó por reformular el mecanismo de contratación.
