Más de 100 dosis de cocaína listas para la venta fueron secuestradas por la Policía del Neuquén durante dos allanamientos realizados en Villa La Angostura, en una causa por presunta comercialización de estupefacientes que derivó en la detención de una mujer de 34 años y de un hombre de 28.
El operativo, centrado en un monoambiente ubicado en un complejo de departamentos cercano a la zona céntrica, también permitió incautar flores de cannabis, balanzas de precisión, teléfonos celulares y cerca de 500.000 pesos en efectivo.
La investigación se desarrolló a lo largo de dos semanas y, según informó la División Antinarcóticos Lagos del Sur, se originó a partir de movimientos que los agentes consideraron compatibles con la venta de drogas al menudeo. Con esos elementos, la pesquisa avanzó hasta reunir las condiciones para solicitar los procedimientos judiciales que comenzaron por la tarde del domingo y se extendieron hasta entrada la noche.
En ese contexto, y de acuerdo a lo informado por el portal Diario de Río Negro, la principal investigada fue una mujer conocida en la localidad como “la pastelera”, apodo vinculado a su trabajo como repostera. Junto a ella fue demorada su pareja. Tras el secuestro de la droga y del resto de los elementos, el fiscal interviniente dispuso la detención de las dos personas para avanzar con la formulación de cargos.
Los procedimientos estuvieron a cargo de las divisiones Antinarcóticos Lagos del Sur y Pehuén, con la colaboración de efectivos de la comisaría 28.
La información oficial sostuvo que el conjunto de elementos reforzó la hipótesis de una presunta venta de estupefacientes. En ese punto, las balanzas y el fraccionamiento de la cocaína en dosis listas para su distribución aparecen como dos de los datos que la acusación podría utilizar en la etapa judicial que sigue al procedimiento.
La Policía del Neuquén informó que el valor estimado del secuestro de estupefacientes asciende a unos 10 millones de pesos.
Hace tan solo unos días, 11 personas fueron imputadas y detenidas en Neuquén por narcotráfico. La acusación fue formulada por la fiscal del caso Silvia Moreira, con intervención del Ministerio Público Fiscal y del departamento de Antinarcóticos de la Policía provincial, luego de procedimientos realizados durante el fin de semana y autorizados por un juez de garantías.
El primer bloque de cargos fue presentado el viernes por la tarde contra F.E.S., P.L.H., A.D.L. y S.A.A. De acuerdo con la exposición de Moreira, los cuatro habrían comercializado estupefacientes en al menos dos viviendas de Cuenca XV entre el 20 de mayo y el 27 de agosto de 2026, en distintos horarios y con un esquema de atención a compradores que llegaban a las bocas de expendio.
Según la acusación, los pagos se hacían en efectivo o mediante billeteras virtuales, un dato que la fiscal remarcó al describir la modalidad presuntamente utilizada. Durante los allanamientos, el personal interviniente encontró 84 gramos de clorhidrato de cocaína y 61 gramos de cannabis sativa, además de dinero en efectivo en los inmuebles vinculados con ese tramo del caso.
A esos cuatro acusados se les atribuyó el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, en carácter de coautores. Como respuesta cautelar, se dispuso por dos meses la detención domiciliaria de P.L.H., A.D.L. y S.A.A., con consigna policial hasta la colocación de tobilleras electrónicas y con prohibición de contacto con los testigos incorporados al expediente.
El segundo tramo de la investigación se formalizó el sábado por la tarde, cuando Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega imputaron a otras siete personas por integrar una organización familiar dedicada, según la hipótesis fiscal, a la comercialización y fraccionamiento de cocaína y marihuana en distintos domicilios de Cuenca XV y zonas cercanas.
La acusación alcanzó a J.A.Y., C.B.F., O.G.F.S., M.E.M., J.M.M., T.B.S. y C.N.F.S. Para la Fiscalía, la actividad se habría extendido desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 27 de agosto de 2026, con una división de roles entre los integrantes y con puntos de venta que funcionaban de manera articulada. Dentro de ese esquema, los compradores podían ser derivados de una vivienda a otra y los pagos también podían concretarse en efectivo o por medios digitales.
