Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- Ex combatientes de Malvinas le enviaron una carta a documento al canciller, Pablo Quirno, para que tome medidas ante el anuncio de la apertura de una ruta marítima en Punta Arenas, ubicado en Chile y Las Islas Malvinas. La medida fue llevada a cabo por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) que denunció que el primer viaje a esa nueva vía marítima está pautado para noviembre, tal como lo comunicó el intendente de Punta Arenas, Claudio Radonich. La entidad le exige al funcionario que aplique la Ley 26.659, que limita la actividad comercial y logística relacionada con empresas que exploten hidrocarburos sin el permiso de Argentina en la plataforma continental y también el decreto 868/2026, que nombró a la Cancillería como autoridad competente para aplicar ese régimen. En la práctica, los excombatientes le piden al diplomático que le ordene a la Embajada argentina en Chile llevar adelante una protesta ante el gobierno de ese país y al mismo tiempo, una manifestación diplomática ante el Reino Unido. Además exigen que Quirno de inicio a sanciones contra Easter Island Naviera, Easter Island Logistics, Falkland Islands Development Corporation y contra otros actores relacionados con la puesta en marcha de esa ruta. También le piden que no permita a los puertos argentinos prestar servicios a la cadena logística del proyecto e informe a reguladores bursátiles sobre las problemáticas legales que podrían tener las compañías involucradas. A su vez, el CECIM de La Plata exige que se le solicite a los buques que se dirijan a las Islas Malvinas cumplir con el Decreto 256/2010 y que se den de baja los permisos correspondientes Para concluir, le solicitan a Quirno que eleve el reclamo ante organismos internacionales como las Naciones Unicas (ONU), el Comité de Descolonización, la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el MERCOSUR. El CECIM le dio Pablo Quirno 72 horas para accionar y afirmó que la aplicación de estas normas representa una obligación y no una facultad discrecional del canciller. Agencia NA