Integrantes del colectivo Casa de las Muñecas Tiresias A.C. exigieron este 1 de septiembre la destitución de Brenda Celina Bazán Varela, fiscal para la Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México, después de que se imputara como homicidio calificado -y no como transfeminicidio- el crimen de Paola Buenrostro, en la audiencia inicial contra Arturo “N”, probable responsable.
La asociación civil publicó un video en sus redes sociales en el que su directora, Kenya Cuevas, denunció lo ocurrido durante la diligencia y planteó una serie de exigencias a las autoridades capitalinas.
Cuevas exigió la destitución de la fiscal y ser recibida por Bertha Alcalde
En el video, grabado desde el interior del Bunker de la fiscalía capitalina, Cuevas denunció que personal del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la nombró como hombre y trabajador sexual, y utilizó un nombre que dejó de usar en sus documentos de identidad desde 2016.
Cuevas atribuyó lo ocurrido a una falta de capacitación y sensibilización de la fiscalía para acompañar a víctimas que enfrentan discriminación por identidad de género, pese a que durante diez años participó con esa institución en la construcción de manuales, protocolos y lineamientos con perspectiva interseccional.
La activista mencionó que construyó con recursos propios un albergue para mujeres trans, tarea que corresponde al Estado. Exigió la destitución de Bazán Varela por considerar que la funcionaria carece de capacitación y sensibilidad para el cargo, y anunció que el colectivo mantendrá manifestaciones hasta que la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, y el Gobierno capitalino los reciban.
Cuevas añadió que hace cinco años, junto con la entonces coordinadora de género, Sayuri Herrera Román, se acordó clasificar la carpeta como feminicidio, porque el transfeminicidio todavía no estaba tipificado en ese momento. Ese acuerdo, según Cuevas, no se tradujo en el reconocimiento de la identidad de género de Paola ni de ella misma durante los siguientes cinco años, periodo en el que tampoco recibió notificaciones sobre el avance de la carpeta.
Arturo N permaneció prófugo casi una década antes de su detención en el Estado de México
Un día antes de la audiencia, el lunes 31 de agosto, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Arturo “N” en la colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero, Estado de México. La aprehensión ocurrió casi diez años después de que un juez libró la orden en su contra, el 19 de octubre de 2016.
Para ubicarlo, la Fiscalía capitalina desarrolló múltiples líneas de investigación y realizó diligencias de campo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. También solicitó la colaboración de la Fiscalía General de Baja California, lo que permitió descartar ubicaciones hasta concentrar la búsqueda en Nicolás Romero.
En abril de 2023, la Fiscalía capitalina había ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien aportara información útil para su localización. El caso de Paola Buenrostro fue el primero reconocido como transfeminicidio por una autoridad de la Ciudad de México: la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante la Recomendación 02/2019.
La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, afirmó tras la detención que la aprehensión representaba “un paso decisivo para que el caso de Paola avance ante los tribunales” y aseguró que la institución sostendría el proceso “con rigor y perspectiva de género”.
La fiscal capitalina de feminicidios acumula más de una década de experiencia en casos de violencia de género
Brenda Celina Bazán Varela, fiscal cuya destitución exige el colectivo trans, es licenciada en Derecho por la Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados para la Comunidad, campus Tlalnepantla. Trabajó más de diez años como agente del Ministerio Público en agencias especializadas en violencia intrafamiliar y sexual del Estado de México.
También participó en el grupo especializado que se creó a raíz de la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en 2015 por el feminicidio de Mariana Lima Buendía. En ese grupo fue titular de la investigación con perspectiva de género y logró la consignación del inculpado.
En 2021, la entonces fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, la reconoció por su desempeño en la atención de delitos vinculados a la violencia de género. Un año después, en agosto de 2022, fue nombrada fiscal para la Investigación del Delito de Feminicidio.
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establece, en su artículo 55, que corresponde a la fiscal garantizar que el personal a su cargo tratara con respeto y dignidad a quienes acudieran en busca de justicia. La norma prohíbe expresamente cualquier acto discriminatorio por razón de género, sexo u orientación sexual, disposición que el colectivo trans invocó al señalar la actuación del Ministerio Público durante la audiencia.
