El caso de los siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba por presunta propaganda contra el orden constitucional se ha transformado, en pocos meses, de un expediente básicamente judicial y diplomático a un conflicto político transnacional.
Esto involucra al gobierno panameño, al régimen cubano, a redes de activismo opositor y, de manera decisiva, a las propias familias de los detenidos.
Los familiares exigieron desvincularlos de la organización clandestina Camino a la Democracia, relacionada también con los grupos “Camino a la Democracia de Cuba” y “FundaCuba”.
Publicaciones periodísticas revelaron que estas estructuras presuntamente reclutan panameños para participar en actividades contra el régimen cubano, con financiamiento externo destinado, entre otras cosas, a la compra de pasajes aéreos y campañas en redes sociales, indica el diario Critica.
En un comunicado, los familiares se deslindaron categóricamente de dichas organizaciones, les niegan legitimidad como voceros y respaldan, en cambio, las gestiones diplomáticas del Estado panameño para proteger los derechos de sus allegados.
“Deseamos dejar clara nuestra posición: Nos deslindamos categóricamente de dichas acciones, así como de cualquier actividad o agenda que esa organización promueva”, afirman.
Le solicitan a esas organizaciones y terceros “abstenerse de continuar realizando pronunciamientos públicos como defensores de nuestros familiares que se encuentran detenidos. Esas declaraciones no representan nuestro sentir, ni contribuyen de manera efectiva a la resolución de esta situación”.
Este giro abre un nuevo capítulo en el caso, pues coloca en tensión la legitimidad de los actores que han intentado capitalizar la situación, redefine el terreno de la representación de las víctimas y plantea interrogantes sobre los límites entre la solidaridad política, el activismo transnacional y la instrumentalización de personas en situación de vulnerabilidad para agendas opositoras.
Diversas investigaciones periodísticas y comunicados oficiales han revelado que los arrestos del 28 de febrero de 2026 en La Habana se relacionan con actividades atribuidas a la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba y a estructuras vinculadas como “Camino a la Democracia de Cuba” y “FundaCuba”, lo que ha alimentado la narrativa cubana de una operación subversiva organizada desde el exterior.
El caso tiene su origen el 28 de febrero de 2026, cuando el Ministerio del Interior de Cuba informó de la detención de diez ciudadanos panameños en La Habana, en los barrios de Boyeros y Jaimanitas, acusados de confeccionar y colocar carteles antigubernamentales con mensajes críticos hacia el sistema político cubano.
La versión oficial indica que estos carteles incluían consignas como “Abajo la tiranía” y referencias explícitas de apoyo a figuras políticas estadounidenses como Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer, lo que refuerza la lectura cubana de una campaña con conexiones internacionales y retórica alineada con sectores duros del exilio.
Las autoridades cubanas encuadraron los hechos bajo el artículo 124 del Código Penal, que sanciona la propaganda contra el orden constitucional y contempla penas que, según diversas fuentes, oscilan entre tres y hasta ocho o diez años de prisión, dependiendo de la interpretación y las reformas normativas más recientes.
Desde el primer momento, la cancillería panameña reconoció oficialmente el arresto de diez nacionales en Cuba y se activó una respuesta diplomática orientada a garantizar su integridad física, su acceso a asistencia consular y el respeto del debido proceso conforme al derecho internacional y a la legislación vigente de la isla.
En comunicados, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá subrayó que la prioridad era asegurar “garantías procesales” para sus ciudadanos, demandar acceso consular y evitar que el caso se contaminara con declaraciones públicas que pudieran interferir en las investigaciones y los procedimientos judiciales internos de Cuba.
Esta postura inicial, marcada por la prudencia y la insistencia en la soberanía cubana, sentó las bases de una estrategia que posteriormente sería descrita por el canciller Javier Martínez-Acha como una “vía diplomática reservada”, orientada más a resultados concretos que a posicionamientos mediáticos.
