Las familias de presos políticos en Nicaragua atraviesan una situación compleja en la que se han reportado cobros de entre USD 1,000 y USD 15,000 a cambio de información sobre el paradero o el estado de sus allegados detenidos. Según testimonios recogidos por Confidencial.digital y el Colectivo Nicaragua Nunca Más, quienes se comunican con las familias suelen presentarse como abogados, funcionarios penitenciarios o personas vinculadas al Gobierno, garantizando supuestas pruebas de vida a quienes acceden a pagar.
A julio de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó que, de los 60 presos políticos verificados, 23 estaban en condición de desaparición forzada. En ese grupo, 18 habían sido identificados y cinco permanecían anónimos por el temor de sus familiares a posibles represalias. El ocultamiento de detenidos, que antes se limitaba a periodos cortos tras protestas o detenciones, pasó a convertirse en una práctica sin plazo definido, según organismos de derechos humanos en el exilio.
Contexto de las desapariciones y cambios legales
De acuerdo con el análisis citado, tras la entrada en vigencia de la Ley 1060 en 2021, el plazo de detención preventiva sin acusación formal se amplió de 48 horas a hasta 90 días. No obstante, informes de familiares y defensores sostienen que el aislamiento de los presos políticos en ocasiones se extiende más allá de ese límite. En años recientes, la falta de información sobre el paradero y la salud de los detenidos se ha vuelto común, incluso después de que algunos fueron presentados públicamente tras largos periodos de incomunicación.
El abogado Salvador Marenco describió que las familias visitan diferentes instalaciones —como el centro penitenciario El Chipote, el Distrito 3 de Policía, morgues y hospitales— sin recibir información oficial. En algunos casos, quienes buscan datos han denunciado amenazas directas, advirtiéndoles que podrían ser detenidos si insisten.
Pruebas de vida y denuncias de extorsión
El reporte indica que, aunque muchas familias reconocen la posibilidad de estar frente a un esquema de extorsión, algunas deciden endeudarse o vender bienes con la esperanza de obtener noticias de sus familiares. Según Confidencial.digital, desde 2022 el régimen utiliza las pruebas de vida como recurso de presión psicológica y, en opinión de Marenco, la persistencia y organización de estas prácticas podría configurar delitos graves en el ámbito internacional.
Entre los casos recientes, se menciona al exasesor presidencial Bayardo Arce, exhibido en marzo de 2026 tras meses de desaparición, y a Angélica Chavarría, cuya situación judicial sigue sin aclararse pese a la difusión de un video en mayo de 2026. El líder indígena Brooklyn Rivera estuvo desaparecido durante 971 días antes de que se publicaran imágenes suyas en un hospital, donde posteriormente falleció bajo custodia estatal. Según relató su hija, los restos no han sido entregados a la familia.
Impacto en el entorno y limitaciones legales
El reporte señala que, antes de la excarcelación de 222 presos políticos en febrero de 2023, familiares ya habían denunciado cobros por información o por la entrega de paquetería, sin certeza de la ubicación del detenido. Marenco manifestó que, en general, lo que se ofrece es información sobre el paradero, sin posibilidad de contacto directo ni confirmación de la situación vital del preso.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más identificó entre 2018 y 2019 ocho centros clandestinos de detención, sobre la base de testimonios de sobrevivientes, aunque actualmente no existen datos que confirmen su actividad. En 2023, un grupo de expertos en derechos humanos constató que el acceso a la defensa y a recursos judiciales, como el habeas corpus, se ha visto obstaculizado. La reforma constitucional “Chamuca” en 2025 consolidó la coordinación directa del Poder Judicial con la copresidencia y amplió la persecución a familiares que intentan recurrir a la vía legal.
La cancelación de licencias a más de dos mil abogados ha reducido las posibilidades de defensa independiente, según Marenco. “No existen abogados que te puedan acompañar, porque han cerrado y criminalizado a los profesionales del derecho”, afirmó.
En menos de un año, dos presos políticos desaparecidos fueron entregados sin vida a sus familias: Mauricio Alonso Petri, tras 39 días en esa condición, y Carlos Cárdenas Zepeda después de 15 días. Las familias de los detenidos continúan demandando información y garantías sobre la seguridad y el paradero de sus allegados, en un contexto donde la extorsión y el ocultamiento persisten como parte de las dificultades enfrentadas.
