La investigación contra Laura Sarabia en la Fiscalía General de la Nación habría sufrido cambios en los delitos hacia figuras de menor gravedad en el caso por el polígrafo practicado a Marelbys Meza, una modificación que, según documentos internos revelados por Semana, podría acercar el expediente al riesgo de prescripción si no avanza hacia juicio.
La pesquisa comenzó en 2023 y, de acuerdo con el medio, pasaron más de tres años hasta conocer la primera decisión del ente acusador.
En ese trayecto, los cargos que los investigadores daban por estructurados dejaron de ser empleo ilegal de la fuerza pública y peculado por uso para convertirse en abuso de función pública y hostigamiento ilegal.
Según el medio citado, los informes elaborados por investigadores de la misma entidad sostenían durante meses una línea distinta a la que finalmente adoptó el organismo.
El punto central de la controversia es que la imputación anunciada contra la exjefa de gabinete, exdirectora del Dapre y exembajadora en Reino Unido se apartó de lo discutido en mesas técnicas internas.
El caso se relaciona con las pruebas arbitrarias de poligrafía y los seguimientos ilegales contra Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de Sarabia cuando desapareció de su vivienda un maletín con dinero cuyo monto no ha sido determinado. La publicación sostiene que los documentos describen un uso presuntamente indebido de recursos y personal estatal para atender un interés particular.
Uno de los documentos citados por la revista atribuye a Sarabia una actuación que excedió el marco legal y funcional de su cargo: “El actuar de la señora Laura Sarabia no se limitó al ejercicio legítimo de la justicia… sino que, yendo más allá de lo permitido, empleó a los miembros de la Policía de su jefatura para la realización de actividades diferentes a la protección de los altos dignatarios del Estado, valiéndose a través de la línea de mando del coronel Feria para adelantar actividades en procura de un interés particular y personal de la funcionaria”.
Ese mismo material interno sostiene que la entonces funcionaria habría instigado al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago para permitir que subalternos usaran bienes del Estado. En la descripción de los investigadores, Sarabia, como jefa de gabinete del despacho presidencial, tenía autoridad jerárquica y disposición de recursos con los que se habría impulsado la actuación cuestionada.
Los informes también detallan por qué se consideraba procedente imputar peculado por uso. En esa reconstrucción, el coronel Feria “permitió el uso indebido de bienes del Estado –concretamente, los equipos de poligrafía– para la práctica de un examen a la señora Marelbys Meza Buelvas, ciudadana que no reunía las condiciones legal ni reglamentariamente exigidas para la aplicación de dicha prueba con los recursos de esa dependencia”.
Las víctimas denuncian letargo procesal y falta de contacto del ente acusador
El abogado Wilson Pulido, de la firma WPC y representante de víctimas, cuestionó la exclusión del delito que considera más grave. “Se está dejando por fuera el delito más grave: peculado. Es claro para la representación de víctimas que este delito probablemente se cometió. Queremos que la Fiscalía haga contacto con la representación de víctimas. Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna llamada o acercamiento por parte de la Fiscalía y menos por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.
Pulido también señaló cambios en los funcionarios a cargo del caso. Según su relato, la fiscal que llevaba el expediente en Bogotá fue retirada y trasladada a otro departamento, y el nuevo fiscal tampoco se comunicó con la representación de víctimas.
De acuerdo con la publicación, fuentes no identificadas dentro de la entidad aseguraron que la imputación inicial estaba lista desde hacía meses, pero “lo frenaron”. Esas mismas versiones sostienen que, con el cambio de fiscal y el paso del proceso a delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la investigación entró en un período de letargo.
Así mismo. se agrega que esas fuentes afirmaron que la fiscal general conocía los informes internos y el planteamiento original de imputación. También indica que el cambio en el expediente coincidió con el nombramiento de Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido.
En la reconstrucción de los investigadores citada por Semana, Sarabia se habría valido de integrantes de la Jefatura para la Protección Presidencial para intentar recuperar una “gruesa suma de dinero” y confirmar la autoría de su empleada doméstica. Esa hipótesis es la que, para las víctimas, daba sustento a los delitos inicialmente proyectados.
Un testigo del caso afirmó que Sarabia dio la instrucción sobre el polígrafo
Recientemente se conoció, además, que un oficial de la Policía que era jefe de Hurto a Residencias en la Sijín de Bogotá para la fecha de los hechos firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, aprobado por un juez. En ese documento, según la revista, el uniformado señaló que Sarabia dio la orden de adelantar las pruebas de poligrafía a Marelbys Meza.
La declaración recogida en ese acuerdo dice: “En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio. Además, precisará que el coronel al que Sarabia Torres llamó en esa tarde era el que se encargaba de la designación de su esquema de seguridad y también el jefe de la teniente Sandy (Carlos Feria)”.
Ese oficial se convirtió en testigo del ente acusador. Según el medio, su versión será una pieza para establecer la responsabilidad que podría tener la exjefa de gabinete en hechos que la propia Fiscalía, durante una etapa anterior de la investigación, describió como instigación y uso de bienes del Estado con fines personales.
