La Junta de Gobernadores de Florida aprobó por unanimidad un veto que impedirá a los estudiantes indocumentados matricularse en universidades públicas del estado a partir de 2027.
La norma incorpora al reglamento de admisiones una cláusula según la cual las universidades que no hayan aceptado a todos los aspirantes académicamente calificados en los dos años previos no podrán inscribir a personas que se encuentren en el país “de forma ilegal”, precisó EFE.
El cambio no afectará a quienes ya cursan estudios en esas universidades, quienes podrán completar sus carreras, y tampoco se aplicará a las instituciones privadas.
La medida está dirigida a centros que han rechazado a solicitantes por falta de plazas dentro del sistema público universitario estatal, compuesto por 12 instituciones, entre ellas la Universidad de Florida y la Universidad de Florida Central.
Con esta decisión, Florida se suma a Alabama, Georgia y Carolina del Sur, estados que restringen parcial o totalmente la matrícula de alumnos sin estatus legal.
El veto reavivó el debate por su impacto en estudiantes inmigrantes y latinos
La junta ya había dado luz verde a la propuesta en junio, después de recibir el respaldo público del gobernador Ron DeSantis, y luego la sometió a un período de alegaciones.
DeSantis sostuvo en julio, según recogió Tampa Bay Times, que si un estudiante “está aquí ilegalmente”, su lugar debería quedar para “un residente de Florida”.
De acuerdo con un informe de la Alianza Presidencial para la Educación Superior y la Inmigración citado por el mismo medio, unos 8.000 estudiantes sin estatus legal se gradúan cada año de las escuelas secundarias de Florida.
Otra cifra del Portal de Inmigración en Educación Superior y difundida por EFE revela que 60.065 estudiantes indocumentados asisten actualmente a instituciones de educación superior en Florida.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Florida, por medio de su director Gustavo Rivera, advirtió en un comunicado citado por Tampa Bay Times que la política afectará de manera desproporcionada a estudiantes latinos y familias inmigrantes.
Rivera sostuvo que negar el acceso a la educación superior por estatus migratorio debilita “el principio de igualdad de oportunidades y privará a Florida de trabajadores cualificados y profesionales con formación académica”.
Docentes y organizaciones advierten por el efecto sobre inmigrantes y el mercado laboral
Durante la reunión de este jueves, ocho personas hablaron en el turno de comentarios públicos y todas pidieron rechazar la propuesta.
Entre quienes cuestionaron la decisión estuvo Robert Casanello, presidente de la Asociación de Profesores de Florida, quien afirmó que la disposición “discrimina” a jóvenes que crecieron y estudiaron en el estado.
“Parece que estos funcionarios de educación designados simplemente querían decirles que fueran a la universidad en otro lugar de otro estado y creo que eso es realmente lamentable”, dijo Casanello en declaraciones recogidas por Gulf Coast News.
En otra intervención citada por Tampa Bay Times, calificó de “absurda” la idea de que esos alumnos les quitan lugares a otros residentes de Florida.
A su vez, señaló que muchos de esos jóvenes suelen quedarse en el estado y trabajar en áreas como negocios, artes e ingeniería.
Otro de los dirigentes que rechazó la medida fue Andrew Spar, presidente de la Asociación de Educación de Florida, quien defendió el acceso a la educación superior y la reputación de las instituciones estadounidenses.
“No olvidemos que la educación superior en este país es muy solicitada por personas de todo el mundo, ¿verdad? Que nuestras universidades y facultades en este país son instituciones fenomenales que han convertido a Estados Unidos en un líder mundial”, manifestó.
Spar añadió que quienes suelen ser señalados por su situación migratoria “no son criminales” y remarcó que se trata de estudiantes que en muchos casos llegaron de bebés y solo conocen Estados Unidos, precisó Gulf Coast News.
Por otro lado, pidió invertir en las escuelas, colegios y universidades públicas del estado para asegurar un futuro más sólido para los alumnos, la economía y las comunidades.
