La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó minutos antes del mediodía del sábado 12 de septiembre de 2026 sobre el recrudecimiento de las afectaciones contra la población civil en Anorí y otros municipios del nordeste de Antioquia.
Lo anterior, se reveló por la funcionaria luego de denunciar que el frente 36 de las disidencias de las Farc (Estado Mayor de Bloques y Frentes —Embf—) de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, habría impuesto restricciones de movilidad y conducta, además de ordenar desplazamientos forzados.
Por medio de un mensaje publicado en X, la titular de la Defensoría del Pueblo sostuvo que esas medidas atribuidas al grupo armado representan “inaceptables infracciones del derecho internacional humanitario”.
Marín también exigió el levantamiento inmediato de las órdenes de control sobre la población y reclamó respeto por las normas que protegen a los civiles en medio del conflicto.
La advertencia se conoce luego de que desde la misma Defensoría, ya se había sido señalado en la Alerta Temprana 023 de 2022 y en la Nota de Seguimiento 024 de 2026, emitida en julio, que la situación en los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí estaba llegando a niveles críticos.
La Defensoría alertó sobre la expansión del Clan del Golfo y acuerdos entre grupos armados
Marín indicó que el escenario de riesgo en el nordeste antioqueño está marcado por la expansión del Clan del Golfo, identificado por la Defensoría como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y por la continuidad de un acuerdo operativo entre las disidencias de “Calarcá“ y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según la defensora, esa dinámica ha derivado en afectaciones continuas contra los derechos humanos de los habitantes de la región.
“Persisten repertorios de violencia asociados con la utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación en la población civil”, afirmó Marín, que también insistió en que la respuesta estatal debe atender las advertencias ya formuladas por la entidad.
La Defensoría pidió que las instituciones avancen en el cumplimiento de las recomendaciones previstas en la alerta temprana.
El llamado fue dirigido al Ministerio del Interior (en cabeza de Rodrigo Lara), al Ministerio de Defensa (Jorge Mora), la Gobernación de Antioquia (su mandatario, Andrés Julián Rendón), la Agencia para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia (liderado por Iván Cancino).
Las recomendaciones incluyen protección, desminado e investigación judicial
Entre las medidas solicitadas figuran acciones de disuasión frente a las amenazas, mecanismos de prevención y protección integral para las comunidades, así como labores de desminado en los territorios expuestos a la presencia de artefactos explosivos.
La defensora también reclamó mejorar el intercambio de información institucional para diagnosticar los riesgos y atender las violaciones que persisten contra los habitantes de los municipios incluidos en la alerta.
La solicitud incluye medidas para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, además de acciones para su rescate, desvinculación y atención institucional.
Marín mencionó la necesidad de reforzar la protección de líderes sociales y garantizar investigaciones que permitan establecer responsabilidades por las conductas atribuidas a los grupos armados. En el mismo mensaje, planteó la importancia de adoptar medidas que contribuyan a reducir las vulnerabilidades socioeconómicas de las comunidades.
Qué menciona el informe de la Defensoría sobre Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí
La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que el riesgo advertido en la Alerta Temprana 023-22 para los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí, en Antioquia, se ha agravado debido a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la continuidad de la presencia del ELN y las disidencias de las FARC-EP, así como a la persistencia de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
El informe de seguimiento, publicado el 16 de julio de 2026 advierte que en los cinco municipios mencionados continúa la disputa territorial entre el EGC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, específicamente el Bloque Magdalena Medio, lo que ha generado un aumento en la frecuencia, severidad y alcance de los hechos violentos.
Según el documento, se ha profundizado el control social y armado sobre la vida comunitaria y persisten conductas como amenazas, homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores de edad.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría emitió en septiembre de 2022 la Alerta Temprana 023-22 tras registrar la consolidación de grupos armados ilegales luego de la salida de las FARC-EP de la zona entre 2016 y 2022. Desde entonces, el EGC, antes conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ha ampliado su presencia, en especial en Remedios y Segovia, desplazando al ELN en algunas áreas rurales y avanzando hacia el sur del departamento de Bolívar.
En el periodo 2022-2026, la Defensoría identificó cuatro momentos clave en la expansión del EGC: primero, una incursión violenta en Remedios y Segovia en 2022-2023; luego, una llegada a zonas limítrofes de Yondó y Santa Rosa del Sur en 2024; después, el ingreso progresivo a Amalfi y Anorí en el segundo semestre de 2024; y finalmente, la consolidación del control armado en 2025, que se ha extendido hasta la fecha.
El informe destaca que entre los repertorios de violencia sobresalen la utilización de menores de edad en actividades armadas y de microtráfico, la imposición de normas de gobernanza ilegal y la instalación de minas antipersonal.
En municipios como Amalfi y Vegachí, las extorsiones han aumentado de manera significativa, con incrementos de hasta el 573,7% en la tasa de este delito en Vegachí entre 2022 y 2025.
Sumado a lo anterior, en Remedios y Segovia se han reportado desplazamientos masivos y confinamientos por enfrentamientos armados y la contaminación de terrenos con artefactos explosivos.
Según cifras compiladas por la Defensoría y tomadas de la Policía Nacional y la Unidad para las Víctimas, los homicidios presentaron descensos en algunos municipios en 2023 y 2024, pero aumentaron en 2025, sobre todo en Anorí, donde la tasa por cada cien mil habitantes creció 61,1%.
La proporción de homicidios con arma de fuego supera el 70% en la mayoría de municipios, y el uso de artefactos explosivos representa el 50% de los homicidios en Amalfi.
En cuanto a amenazas, hubo un alza del 109,82% entre 2022 y 2025 en los municipios focalizados, y para el caso de Amalfi, el incremento fue del 318,4% entre 2022 y 2023.
Los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos han visto reducida su capacidad de acción debido a la estigmatización y las amenazas, lo que incrementa la vulnerabilidad comunitaria.
El documento señala también una afectación persistente para las mujeres, con un promedio de 5,14% de los homicidios intencionales registrados entre 2022 y 2024 en los cinco municipios teniendo a mujeres como víctimas fatales.
En materia de violencia sexual, Antioquia se mantiene entre los departamentos con mayor número de casos en el país.
La Defensoría documentó la continuidad del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, algunos desde los nueve años, tanto en actividades de combate como en microtráfico y labores de vigilancia; esta práctica involucra a los tres principales actores armados ilegales presentes.
Las estrategias incluyen presiones, engaños, ofrecimientos económicos y manipulación emocional, con énfasis en épocas de vacaciones o temporadas de trabajo agrícola y minero.
El informe atribuye el agravamiento del conflicto al control de corredores estratégicos para el narcotráfico y a la debilidad institucional en materia de investigación, protección y acceso a la justicia. Ocho de veintiún entidades estatales destinatarias de las recomendaciones de la Alerta Temprana reportaron acciones, lo que representa menos de la mitad.
La Fiscalía General de la Nación no proporcionó información sobre investigaciones y judicializaciones, y las capturas de presuntos integrantes de grupos armados por parte de la Policía Nacional y el Ejército resultaron insuficientes para modificar el contexto de amenaza, detalla la alerta.
En 2025 y 2026, se confirmaron ataques del EGC, el EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frentes, disidencias de las FARC-EP) y el ELN contra la fuerza pública, con la implementación de hostigamientos, atentados con artefactos explosivos, uso de drones en acciones ofensivas y el llamado “Plan Pistola”, lo que ha derivado en restricciones a la movilidad y horarios para la población civil y el comercio local, junto a una creciente percepción de desprotección.
El informe concluye que se requiere fortalecer la coordinación, la capacidad de respuesta estatal y la implementación de rutas de atención inmediata, incluyendo el restablecimiento de derechos para menores víctimas de reclutamiento y la mitigación de factores estructurales que favorecen el accionar de los grupos ilegales.
