El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2027, presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, continúa causando una fuerte discusión en las redes sociales.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó la iniciativa en $634,9 billones, es decir, casi $60 billones más frente a los $575,6 billones del proyecto presentado por la administración de Gustavo Petro, que según el Gobierno estaba desfinanciado.
La disputa surgió porque el Ejecutivo precisó que este aumento buscaría corregir obligaciones reales que, a su juicio, estaban ocultas o desatendidas. En respuesta a este postulado, el Pacto Histórico, a través de una extensa misiva, afirmó que el ajuste se apoya en más endeudamiento, pues redujo la inversión en $3 billones e incorporó gastos de reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto sin fuente distinta a la deuda.
En efecto, el denominado ‘Gabinete alterno’ del Pacto Histórico, a través del extitular de Hacienda Germán Ávila, se despachó contra el proyecto radicado en el Congreso por su sucesor, Gómez Martínez. “Deuda, deuda y más deuda”, señaló la colectividad de izquierda, al cuestionar que un Gobierno que prometió reducir el tamaño del Estado presente ahora un presupuesto mayor del que radicó el Gobierno Petro antes de su final.
Ávila sostuvo que la reducción del presupuesto anunciada en julio “no fue más que un anuncio para los titulares de medios”, en contraste con lo expuesto por Gómez y lo que se conoció como el ‘presupuesto de la verdad’, en el que defendieron el alza de casi $60 billones. Para Gómez, es claro que corresponde a gasto nuevo, sino a faltantes en pensiones, salud y subsidios eléctricos, FEPC, nómina pública y servicio de la deuda.
La disputa por la deuda y los faltantes presupuestales
El punto de mayor fricción está en la deuda. El Pacto Histórico afirmó que la deuda pasó de 60,7% del PIB en 2022 a 57,9% en 2026 y que el nuevo Gobierno pretende llevarla a 66,2% del PIB en 2027. A esa crítica se suma el dato de contexto sobre necesidades de emisión de deuda externa e interna por $238,6 billones para financiar el presupuesto, lo que encendió las alertas por el peso que tendría el servicio de deuda.
En efecto, este concepto encendió alertas por el peso que tendría el servicio de la deuda sobre los ingresos del Estado. El Gobierno defendió el presupuesto con el argumento de que recibió cuentas desfinanciadas, con faltantes como el de $8 billones para pensiones, $4 billones para salud, $5,8 billones para subsidios eléctricos y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
En respuesta, el gabinete del Pacto Histórico, que está integrado por cerca de 13 personas, refutó esa lectura en varios frentes. Sobre pensiones, aseguró que más de 160.000 afiliados se trasladaron a Colpensiones con ahorros por $32 billones; y añadió que cerca de 28.000 ya pensionados concentran otros $8,7 billones, cuyos recursos siguen retenidos en los fondos privados de pensiones.
En salud, cuestionó que se hablen de $2 billones adicionales para el sistema y sostuvo que ya existió un esfuerzo extraordinario con el pago ajustado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las EPS. Sobre el Fepc, el comunicado rechazó la necesidad de $9,6 billones, pues alegó que la brecha por el precio internacional de la gasolina debía cerrarse con incrementos en el precio del combustible, como ocurrió en el gobierno de Petro.
En el documento también discute la nómina pública, ya que el gabinete alterno habló de que parte de los supuestos $4,5 billones faltantes para salarios se explica por una proyección de aumento de 99.000 a 108.000 funcionarios en la rama ejecutiva, equivalente a un alza de 9,1%.
En ese sentido, otro punto de disputa es el costo de la deuda en el mercado local. El comunicado cuestionó que el Ejecutivo presente como logro una tasa de colocación de TES (Títulos de Tesorería) en pesos del 12,5%, al recordar que en junio ya se habían colocado a ese nivel y en julio al 12,2%. Con ello, los recursos para atender el servicio de la deuda ya estaban cubiertos en el proyecto del pasado gobierno.
A la vez, vinculó el mayor costo proyectado para 2027 con nuevo endeudamiento en el segundo semestre de 2026 y con la negativa oficial a tocar la tasa de referencia del Banco de la República.
Reconstrucción, endeudamiento y dudas sobre el Fondo Milagro
La reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto es otro de los focos del debate. El Pacto Histórico reconoció que la emergencia y los efectos del fenómeno de El Niño pueden exigir recursos adicionales, pero señaló que el financiamiento recaiga solo en deuda.
El principal reparo apunta al llamado Fondo Milagro. Ese mecanismo aparece en los anuncios hechos por el presidente De la Espriella, pero no en una apropiación detallada que permita establecer cuánto dinero tendrá, de dónde saldrá, qué territorios cubrirá, qué ente lo ejecutará y qué metas deberá cumplir.
En esa línea, el bloque alterno también se preguntó por qué la reformulación del presupuesto elimina el artículo 93 del proyecto anterior. Según la misiva, esa disposición exigía reportar fuente, monto, compromisos, saldos, contratistas, objeto y plazo de los recursos públicos administrados por terceros.
En su propuesta, el Pacto plantea ingresos permanentes y progresivos para financiar gasto permanente, la restitución de los $3 billones recortados a la inversión y una reconstrucción con apropiación definida, fuentes de recursos, metas y un tablero público. En síntesis, pidió una auditoría sobre el Fepc, la UPC, energía y pensiones para evitar dobles pagos y una senda verificable entre presupuesto, plan financiero y marco fiscal.
