Luego de varias postergaciones, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó el tan esperado pedido de facultades legislativas que, según la mandataria, son claves para atender los principales problemas del país. Fue exactamente a las 8:04 p.m. cuando las redes sociales de la PCM anunciaron y compartieron el documento, que contempla 66 solicitudes distribuidas en ocho grandes bloques temáticos.
El proyecto, ingresado ante la Cámara de Diputados, otorgaría al Ejecutivo la potestad de emitir decretos legislativos por un plazo de 120 días calendario, en el marco del artículo 104 de la Constitución Política del Perú. Las materias abarcan desde seguridad ciudadana y reforma del sistema penitenciario hasta vivienda, saneamiento y modernización del Estado, con medidas que afectarían tanto a ciudadanos como a empresas y servidores públicos.
Seguridad ciudadana y reforma penitenciaria
La primera y más extensa materia del pedido apunta a reformar el andamiaje legal en seguridad. El proyecto propone modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para endurecer la persecución de delitos vinculados al crimen organizado. Entre los cambios más relevantes figuran:
- Nuevas reglas de competencia territorial que permitirían transferir casos entre jurisdicciones cuando estén involucradas bandas criminales.
- La creación de un marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, con un registro oficial para su clasificación.
- Un sistema de libertad vigilada postpenitenciaria para condenados por delitos de alta peligrosidad, con seguimiento para prevenir la reincidencia.
- El fortalecimiento del rastreo y bloqueo de equipos terminales móviles usados de forma ilícita, incluyendo los dispositivos empleados para coordinar actividades criminales desde el interior de las cárceles.
En el frente penitenciario, el Ejecutivo plantea reformar el sistema nacional penitenciario con el objetivo de reforzar la seguridad interna y los procesos de reinserción social. Para ello, propone regular la participación temporal de las Fuerzas Armadas en apoyo operativo a los establecimientos de reclusión, una medida que deberá ajustarse al marco constitucional vigente.
El bloque también contempla ampliar el régimen legal sobre armas de fuego, municiones y explosivos de uso civil, con énfasis en su trazabilidad y fiscalización, y establecer un marco normativo que refuerce el ejercicio del derecho a la legítima defensa. Según el texto del proyecto, quien ejerza ese derecho gozaría de una presunción de inocencia respecto a la racionalidad de su respuesta ante una agresión, presunción que solo podría destruirse con motivación calificada, bajo sanción de nulidad.
Mypes, emprendimiento y formalización empresarial
El segundo bloque está orientado a las micro y pequeñas empresas (MYPE), sector que concentra la mayor parte del empleo informal en el país. La propuesta apunta a reducir las barreras administrativas que dificultan la incorporación de estas unidades productivas a la economía formal, con medidas que incluirían la gratuidad de determinados servicios vinculados al proceso de formalización y el fortalecimiento del marco regulatorio del factoring.
En paralelo, el Ejecutivo busca aprobar una Ley de Fomento al Ecosistema de Emprendimiento Innovador que crearía instrumentos de capital semilla, garantías y crédito productivo para emprendedores y MYPE. Esta norma se complementaría con modificaciones al Decreto Legislativo N.° 1228, que rige los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), con el fin de ampliar su cobertura territorial, incorporar nuevas modalidades de participación institucional y fortalecer la transferencia tecnológica hacia las pequeñas y medianas empresas de regiones con menor desarrollo productivo. El tercer elemento de este bloque es la modernización del régimen societario, que incluiría ajustes al marco legal de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS).
Empleo, simplificación y digitalización del Estado
En materia laboral, el proyecto propone legislar para mejorar la empleabilidad juvenil mediante programas de formación para el trabajo y financiamiento de oportunidades laborales. También contempla fortalecer la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) con un enfoque preventivo y basado en resultados, sin alterar la potestad fiscalizadora del Estado. Otros puntos de este bloque son:
- La creación de un marco para el otorgamiento de bonos de productividad sin carácter remunerativo en el sector privado.
- La modificación del régimen de feriados no laborables para optimizar su uso en función de la productividad y el turismo.
- La precisión del tratamiento de indemnizaciones para trabajadores de dirección y personal de confianza, con el objetivo de garantizar igualdad ante la ley y seguridad jurídica.
El cuarto bloque abarca la simplificación administrativa y la transformación digital del Estado. El Ejecutivo plantea optimizar los procedimientos administrativos de carácter general, reducir cargas burocráticas y fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano. En el plano digital, se busca incorporar soluciones basadas en tecnologías digitales, promover el uso de credenciales digitales y firmas electrónicas, y desarrollar plataformas públicas interoperables. El proyecto también propone modificar la definición de “barreras burocráticas” para incluir aquellas impuestas por entidades públicas en la prestación de servicios en exclusividad, y fortalecer el régimen de medidas cautelares para que las resoluciones que eliminen estas barreras sean efectivamente cumplidas. Una medida puntual es la derogación de la Ley N.° 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP).
Tributación, comercio exterior y reforma del Estado
El quinto bloque agrupa las materias tributaria, aduanera y de facilitación del comercio. Las medidas más relevantes son:
- La simplificación de los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas.
- La modernización del marco aduanero para reducir tiempos y costos en los procesos de exportación.
- La prohibición de importar mercancías elaboradas con trabajo forzoso, en línea con compromisos internacionales asumidos por el Perú.
- La eliminación de los topes a las tasas de interés introducidos por la Ley N.° 31143, con el argumento de que su vigencia ha restringido el acceso al crédito formal de los sectores más vulnerables.
El sexto bloque apunta a la reforma estructural del Estado y la modernización del servicio civil. El proyecto plantea fortalecer la meritocracia en el acceso y ascenso de servidores públicos, establecer requisitos de idoneidad para funcionarios y personal de confianza, y crear incentivos económicos voluntarios para quienes opten por retirarse del servicio. El texto aclara de forma expresa que esta delegación no faculta al Ejecutivo a despedir o destituir trabajadores que gocen de estabilidad laboral. Además, se propone modificar el marco del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), y dictar medidas para la reestructuración de SEDAPAL frente a los riesgos que comprometen la prestación del servicio de agua potable en Lima.
Vivienda, agua y saneamiento
El séptimo y último bloque concentra las medidas en materia de vivienda y saneamiento. El Ejecutivo propone establecer soluciones alternativas a las factibilidades de servicios condicionadas de agua potable para garantizar la viabilidad de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), así como crear un régimen registral simplificado y preferente para la inscripción de actos vinculados a estos proyectos. Entre las medidas concretas figuran:
- La modificación de la Ley del Bono Familiar Habitacional para mejorar la atención de damnificados.
- La creación de un esquema de subsidios cruzados focalizados en los servicios de agua y saneamiento, con tarifas sociales para los sectores de menor ingreso.
- La ampliación del acceso al agua potable mediante soluciones tecnológicas no convencionales de carácter temporal en nuevas habilitaciones urbanas.
- La optimización del régimen de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), que ajustaría la vigencia del certificado de seguridad al nivel de riesgo de cada establecimiento, con el objetivo de reducir cargas administrativas para los locales de riesgo bajo y medio.
El proyecto deberá ser debatido y aprobado por la Cámara de Diputados, que tendrá la potestad de delimitar o rechazar cualquiera de las materias incluidas en la solicitud antes de que el Ejecutivo pueda emitir los respectivos decretos legislativos. El texto presentado por la PCM precisa que ninguna de las medidas que se emitan podrá afectar la autonomía de los gobiernos regionales y locales, ni vulnerar derechos fundamentales ni procesos judiciales o administrativos en trámite.
