Panamá retira topes a alimentos y deja sin regulación los últimos productos que permanecían bajo control estatal. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó la finalización del régimen para la carne molida, el aceite vegetal, la leche en polvo y el pan de molde.
El Gobierno concluyó una política alimentaria que funcionó durante más de una década y que llegó a abarcar productos esenciales de la canasta básica.
Desde ahora, los valores de los cuatro bienes restantes quedarán sujetos a la dinámica del mercado, mientras el Estado conservará una herramienta distinta de referencia de precios para determinados medicamentos.
La regulación tuvo su origen en el Decreto Ejecutivo N.º 165, aprobado el 1 de julio de 2014, norma que estableció precios máximos de venta al por menor y márgenes brutos de comercialización para 22 alimentos.
El esquema nació en un período marcado por el aumento del costo de vida, y la intención oficial era contener incrementos considerados desproporcionados en los alimentos de consumo habitual.
La disposición también buscaba corregir situaciones que afectaban la competencia en el mercado. La legislación contemplaba este tipo de intervención como un recurso excepcional y temporal.
Para que el Estado pudiera aplicar la medida, debían existir condiciones que limitaran el funcionamiento eficiente del mercado, entre ellas figuraban posibles prácticas monopólicas que perjudicaran a los consumidores.
El mecanismo, pensado inicialmente para un período de seis meses, permaneció vigente a través de prórrogas y modificaciones. Con cada revisión, la lista de productos alcanzados por los precios máximos se redujo.
En 2025, el régimen todavía incluía ocho alimentos, y las decisiones posteriores dejaron bajo control únicamente la carne molida de primera, el aceite vegetal, la leche en polvo y el pan de molde blanco.
La confirmación del funcionario elimina esa última cobertura, y el sistema dejará de operar en los términos que mantuvo desde su creación.
La salida de esos bienes había sido anticipada por la reducción progresiva de la lista, siendo la eliminación del tope para el arroz parte de ese proceso.
Las autoridades vincularon el desmontaje con un conjunto de reformas económicas, donde la orientación oficial apunta a disminuir la participación estatal en la formación de los precios de mercado.
El cambio vuelve a poner en discusión el alcance de los controles, por lo que quienes respaldan estas herramientas sostienen que ayudan a preservar el acceso de los hogares a bienes básicos cuando suben los precios.
Las críticas se enfocan en la duración del mecanismo y en sus posibles efectos sobre la competencia. La permanencia de un régimen temporal durante tantos años fue uno de los puntos centrales de ese debate.
La finalización de los topes para alimentos no implica el retiro de todas las intervenciones estatales sobre precios. Panamá conserva un sistema específico destinado a medicamentos de uso frecuente.
La Ley 419 de 2024 creó el Sistema Nacional de Precios de Referencia de Medicamentos y el Observatorio Nacional de Medicamentos, ambas herramientas reúnen y analizan información del mercado.
El objetivo declarado es negociar condiciones más favorables para las compras públicas y el sistema también busca facilitar el acceso de la población a tratamientos médicos.
La política alcanza a medicamentos y a otros productos vinculados con la salud humana, mientras la prioridad se concentra en los tratamientos para enfermedades crónicas y en la carga que los gastos sanitarios representan para los hogares.
El Decreto Ejecutivo N.º 36, aprobado en septiembre de 2025, fijó referencias de precio para 51 medicamentos de uso frecuente, modelo que difiere del mecanismo que establecía valores máximos para la canasta básica. El Decreto Ejecutivo N.º 7, fechado el 16 de abril de 2026, prorrogó esa regulación durante seis meses. La extensión respondió a las presiones sociales relacionadas con el costo de los tratamientos.
El país pasa a utilizar dos enfoques distintos frente a los precios, donde los alimentos que aún estaban alcanzados por topes quedarán fuera de ese sistema, mientras los medicamentos seleccionados mantendrán referencias estatales.
