La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió este miércoles que la reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua profundiza las restricciones a la competencia política y utiliza la Carta Magna para impedir que sectores considerados adversarios puedan acceder a cargos públicos. El secretario general del organismo, Albert Ramdin, señaló que los cambios aprobados en primera instancia reducen los espacios democráticos y prolongan los períodos de gobierno.
“La propuesta de reforma constitucional aprobada en primera instancia en Nicaragua restringe aún más la participación política, prolonga los mandatos y cierra los espacios democráticos”, afirmó Ramdin. El funcionario puso especial énfasis en la disposición dirigida contra quienes sean catalogados como “traidores a la patria”, una figura que el proyecto incorpora al marco constitucional como impedimento para ejercer funciones públicas.
“Esta reforma convierte la Constitución en un instrumento más para excluir las voces disidentes”, sostuvo el secretario general. Para la OEA, el problema no se limita a una modificación administrativa de las reglas electorales: la incorporación de esas restricciones al texto constitucional puede afectar el derecho de determinados ciudadanos a participar en la vida política del país.
La Asamblea Nacional, dominada por la dictadura sandinista, aprobó el martes el proyecto en primera legislatura. La iniciativa todavía debe superar una segunda aprobación para entrar en vigor. Ese trámite corresponderá a la próxima legislatura.
Uno de los cambios centrales eleva de seis a siete años la duración del mandato de la copresidencia, fórmula bajo la cual gobiernan Ortega y Murillo. La modificación altera también el calendario político: Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero el nuevo esquema desplaza esos comicios hasta noviembre de 2027.
La reforma llega después de otra modificación constitucional aprobada en 2025, que cambió más de un centenar de disposiciones de la Carta Magna y concentró atribuciones estatales en la copresidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo del sistema interamericano, había advertido en agosto que las nuevas medidas podían consolidar la permanencia indefinida en el poder, restringir la competencia política y eliminar condiciones necesarias para la alternancia democrática.
Ramdin vinculó el nuevo avance legislativo con el deterioro general de las instituciones nicaragüenses. “Quienes están en el poder parecen empeñados en demostrar que la apreciación de que estamos presenciando un desastre político en Nicaragua es correcta, con consecuencias terribles para el pueblo nicaragüense”, afirmó.
El secretario general señaló que las modificaciones chocan con compromisos asumidos dentro del sistema interamericano. “Estas medidas contravienen los principios de la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto de los derechos humanos consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, dijo.
La advertencia de Ramdin llega mientras el organismo prepara una reunión de cancilleres sobre Nicaragua. El Consejo Permanente de la OEA aprobó recientemente la convocatoria de esa instancia para discutir la respuesta regional ante el deterioro democrático.
La presión internacional aumentó desde Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió a otros países suspender las relaciones comerciales habituales con Managua y acusó a la dictadura de Ortega y Murillo de utilizar la reforma para consolidar su permanencia en el poder y cerrar definitivamente el camino a elecciones libres.
Rubio sostuvo que la Asamblea Nacional “socavó la ficción democrática de Nicaragua” y afirmó que la Administración de Donald Trump mantendrá su compromiso de adoptar medidas frente a las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen.
La OEA ya había advertido que la situación nicaragüense trasciende sus fronteras. La CIDH señaló que la represión transnacional, el desplazamiento forzado de ciudadanos y otros efectos de la crisis pueden generar consecuencias para países vecinos.
Ramdin insistió en que la población debe conservar la posibilidad de escoger a sus autoridades entre distintas alternativas. “Los ciudadanos de Nicaragua merecen instituciones que protejan sus derechos, no que los restrinjan”, afirmó, y reclamó condiciones que permitan elegir libremente a los dirigentes y decidir el futuro político del país.
