Guatemala expresó su preocupación por la reforma que Nicaragua aprobó en primera legislatura y que restringe la participación de opositores, amplía a siete años los cargos de elección popular y posterga las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 hasta noviembre de 2027.
El cambio, aprobado este martes a mano alzada y por unanimidad en una sesión especial de la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, también alcanza a la Presidencia, la Asamblea y las alcaldías, según informó la Agencia EFE.
La modificación permitiría extender el actual período de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ejercen la copresidencia desde la reforma constitucional de 2025.
Tras conocer la decisión, el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su “profunda preocupación” y lo informó en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Además, la cancillería sostuvo que la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternabilidad en el poder y el derecho a elegir y ser electo son elementos esenciales de la democracia.
El ministerio agregó que esos principios están recogidos en la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su comunicado, afirmó: “Guatemala reafirma que la defensa de estos principios y del derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro es fundamental para la estabilidad y la convivencia pacífica de nuestra región”.
Respuesta inmediata
La manifestación pública de Guatemala se acompañó de una nota enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
La respuesta no se hizo esperar. A través de una carta, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, manifestó la posición de su país a través de una corta misiva donde apeló a la soberanía.
“Recibimos su Nota y nuestra única respuesta consiste en recordar que la Soberanía de un Pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros Países con graves problemas de legitimidad y unidad”, manifestó.
En redes sociales también circulan respuestas a otros países como Costa Rica y Perú.
Continuarán relaciones diplomáticas
Tras revelarse la respuesta de Nicaragua a Guatemala, medios de comunicación consultaron a las autoridades sobre las reacciones que se llevarían a cabo y si esta respuesta podría romper relaciones diplomáticas con ese país.
Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se limitó a indicar: “Mantenemos las relaciones diplomáticas y reiteramos la posición expresada en el comunicado oficial emitido a través de Cancillería”.
La reforma de Nicaragua
La modificación constitucional establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer funciones públicas quienes sean considerados “traidores a la patria”. Esa categoría ha sido utilizada por el Gobierno nicaragüense contra opositores y críticos del régimen.
La disposición también abarca a quienes hayan tenido participación o vínculos con la planificación o ejecución de intentos de golpe de Estado. Incluye además a personas señaladas de promover la injerencia extranjera, pedir intervención militar, recibir financiamiento extranjero o respaldar bloqueos y sanciones contra el Estado nicaragüense.
Quienes queden comprendidos en esas prohibiciones tampoco podrán integrar juntas directivas de partidos u organizaciones políticas. La restricción, por lo tanto, no se limita a la competencia electoral, sino que también alcanza la estructura interna de las fuerzas políticas.
La reforma también modifica la duración de los cargos de elección popular, que pasarían a tener un período de 7 años. El cambio incluye a los copresidentes de la República, diputados, alcaldes y otros funcionarios contemplados en la Constitución de Nicaragua.
