El exmandatario Gustavo Petro denunció que la aerolínea colombiana Avianca le negara el embarque hacia México el 30 de agosto y sostuvo que una empresa colombiana no puede restringir sus movimientos por su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, porque esa medida de Estados Unidos bloquea bienes bajo su jurisdicción pero no establece una prohibición general de viaje. “Lo hace ilegalmente”, afirmó.
“La lista OFAC solo afecta, para impedir su relacionamiento económico conmigo, a personas, naturales o jurídicas, de los EEUU. Empresa, persona natural o banco colombiano que impida mis movimientos arguyendo la lista OFAC, lo hace ilegalmente”, expresó el exjefe de Estado en sus redes sociales.
Petro finalmente viajó en un vuelo de Aeroméxico a Ciudad de México, después de que la aerolínea colombiana le devolviera el tiquete. El episodio se conoció durante una conversación con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
Correa describió la decisión como una prevención frente a una eventual sanción de Estados Unidos. “Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos”, dijo.
Petro respondió de forma breve: “No quisieron”. Después, en un mensaje publicado en X, sostuvo que la lista OFAC solo afecta a personas y empresas estadounidenses en sus relaciones económicas con él.
La sanción de Estados Unidos bloquea bienes, pero no prohíbe abordar un vuelo
El exmandatario fue incluido en la lista estadounidense el 24 de octubre de 2025, junto con otros integrantes de su entorno e integrantes de su gobierno, como lo sucedido con su exesposa Verónica Alcocer y el exministro del Interior Armando Benedetti, por una decisión del Departamento del Tesoro vinculada a acusaciones sobre su política contra el narcotráfico. Petro rechazó esos argumentos y relacionó la medida con sus críticas a Estados Unidos y a la ofensiva israelí en Gaza.
“Cuando yo elevé la voz con todo lo que estaba pasando con Palestina, pues me volví blanco de Estados Unidos, ahí es cuando me pasa todo lo que me está pasando. Cuando salgo del discurso de Naciones Unidas me meten a la Lista Ofac”, expresó el exmandatario.
Según planteó, una empresa, una persona o un banco colombiano que limite sus movimientos con base en esa lista actúa de manera ilegal. Su objeción parte de que la sanción alcanza bienes e intereses patrimoniales sujetos a jurisdicción estadounidense, no sus desplazamientos personales.
La negativa de Avianca habría respondido al temor de incumplir restricciones de la lista Ofac. Ese criterio encaja con un exceso de cumplimiento empresarial: la aplicación de limitaciones más amplias que las exigidas de forma expresa por la norma para reducir el riesgo de multas o medidas administrativas.
Ese fenómeno, conocido como overcompliance, aparece cuando una compañía extiende por iniciativa propia el alcance práctico de una sanción. En este caso, la consecuencia habría sido impedir un traslado que la medida no veda de manera explícita.
Petro pidió una campaña internacional contra la lista OFAC
La decisión de Aeroméxico de transportarlo hasta Ciudad de México abre otro frente en la discusión sobre el alcance de las sanciones. Esa actuación podría ser revisada por autoridades estadounidenses, aunque no se confirmó públicamente ninguna sanción contra la empresa.
“Pero antes que un bloqueo mundial a empresas que excluyan por la OFAC, pienso en un movimiento mundial de estados y pueblos que levante la bandera de excluir de la lista ofac y otras similares, a quienes hemos luchado contra el genocidio de Netanyahu sobre Gaza Palestina. Líderes políticos, gobernantes, funcionarios multilaterales, líderes sociales y magistrados de la justicia internacional”, añadió.
Así mismo, el expresidente Gustavo Petro propuso además una campaña internacional para pedir la salida de esa lista de dirigentes, funcionarios, magistrados y activistas que se hayan pronunciado contra las acciones de Israel en Gaza.
Su planteo amplía el episodio con Avianca hacia una disputa política más amplia sobre el uso de sanciones financieras por parte de Estados Unidos.
Avianca descarta motivos políticos y afirma que su decisión responde a obligaciones por operar en Estados Unidos
Avianca confirmó la cancelación de los tiquetes del expresidente Gustavo Petro para un viaje entre Bogotá y Ciudad de México previsto entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2026, y sostuvo que la decisión obedeció a su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Ofac, una restricción que, según la aerolínea, le impide prestar servicios a personas sancionadas por sus vínculos operativos y financieros con Estados Unidos.
La compañía añadió que las reservas correspondían a dos trayectos: Bogotá-Ciudad de México para el 30 de agosto de 2026 y el regreso Ciudad de México-Bogotá para el 2 de septiembre de 2026.
Indicó además que el reembolso será total y se hará al medio de pago original, aunque precisó que, al haberse pagado en efectivo, pidió los datos de una cuenta bancaria de quien hizo la reserva para tramitar la devolución a través de una agencia de viajes de Ecuador.
En uno de los comunicados dirigidos a Petro, la empresa explicó que opera en territorio estadounidense, realiza transacciones permanentes en el sistema financiero de ese país, vende tiquetes allí y cuenta con activos y sociedades vinculadas en ese mercado. Bajo esas condiciones, señaló, está sujeta a las sanciones económicas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aerolínea sostuvo que esas regulaciones prohíben a empresas con vínculos económicos y financieros con Estados Unidos realizar transacciones, incluida la prestación de servicios, a favor de personas cuyos bienes e intereses estén bloqueados por figurar en la lista SDN. Tras una revisión de cumplimiento interno, agregó, detectó que el nombre de Petro aparecía en esa base y que por eso debía anular sus pasajes.
La empresa aclaró que los tiquetes de las otras dos personas incluidas en las mismas reservas no tendrían afectación automática. Solo serían cancelados si esas personas decidían desistir también del viaje, caso en el cual procedería el reembolso total de la reserva.
En un segundo comunicado, Avianca afirmó que normalmente maneja este tipo de situaciones de manera reservada y privada, pero que decidió precisar los hechos después de varias declaraciones públicas.
Allí reiteró que la cancelación de las reservas del expresidente para la ruta Bogotá-Ciudad de México-Bogotá y la devolución íntegra del dinero pagado se hicieron en “estricto cumplimiento” de las regulaciones internacionales aplicables a sus operaciones.
La compañía insistió en que esas obligaciones le resultan vinculantes por su estructura corporativa global, por su operación en rutas hacia territorio estadounidense, por el procesamiento de transacciones financieras a través del sistema bancario de ese país en dólares y por el uso de tecnología y bienes de origen norteamericano.
Con ese argumento, remarcó que tiene prohibido prestar servicios o realizar transacciones a favor de personas o entidades incluidas en listas de sanciones de cumplimiento obligatorio para la empresa.
En sus comunicaciones, la empresa sostuvo que la medida no respondió a consideraciones políticas ni discrecionales. “La presente medida es de carácter puramente legal, ajena a cualquier consideración o criterio de Avianca”, señaló.
También expresó que mantiene “un profundo respeto por las instituciones del país” y vinculó esa afirmación con su operación reciente en Colombia.
Según la propia compañía y un estudio de Oxford Economics de 2026 citado en el comunicado, la aerolínea llegó a operar más de 700 vuelos diarios, de los cuales 500 correspondían al mercado doméstico, generó más de 10.700 empleos directos y aportó USD 10.200 millones al producto interno bruto nacional.
Como parte de ese recuento, mencionó la apertura de rutas hacia Quibdó, Arauca, Ipiales, Belém do Pará, Caracas y París. También afirmó que en emergencias puso a disposición del país su infraestructura para transportar gratuitamente personal médico y ayuda humanitaria, que reforzó su red aérea y estableció techos tarifarios en momentos de bloqueos o cierres viales, y que tras el terremoto en Myanmar facilitó el traslado de alrededor de 200 rescatistas, médicos y especialistas en desastres, además de coordinar el transporte de más de 300 toneladas de ayuda humanitaria en cargueros y aviones de pasajeros.
