El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a menos de un mes de posesionarse, anunció que perseguirá a los grupos armados y advirtió que no permitirá que mandatarios regionales o locales se “alineen con los bandidos”, en el marco de su promesa de devolver la seguridad a Colombia tras cuatro años de gobierno de Gustavo Petro.
En reacción, el expresidente Petro defendió su política de seguridad y lanzó una acusación de fondo sobre el conflicto en Colombia: sostuvo que la principal falla en la lucha contra los grupos armados no está en la falta de fuerza, sino en las alianzas entre mandos regionales de la fuerza pública y dirigentes políticos con las estructuras criminales que deben combatir.
Según su criterio, usar la fuerza sin “la razón” deriva en “barbarie, genocidio y holocausto” y rechazó que se equipare la negociación estatal de paz con vínculos privados o políticos con el crimen.
En ese mensaje, Petro incorporó un dato operativo para defender su gestión: afirmó que durante su periodo se incautaron 3.400 toneladas de cocaína. También aseguró que en los últimos 20 días esa incautación cayó a “una cuarta parte del promedio diario” que, según dijo, llevaba su gobierno.
A la par, planteó además una diferencia política y jurídica entre dos conductas que, a su juicio, no pueden ponerse en el mismo plano. “No es lo mismo un Estado que negocia la paz con las Farc, que un dirigente político o funcionario socio comercial de un paramilitar o que viva del narcodinero”, escribió.
Petro también habló para refutar el mensaje de De la Espriella y, al hacerlo, reveló cuál considera que es el núcleo del problema de seguridad en varias regiones del país: la coexistencia entre economías ilícitas, grupos armados y sectores institucionales que, conforme a su análisis, terminan asociados con ellos.
Gustavo Petro ubicó el problema en la relación entre poder local, fuerza pública y grupos armados
El expresidente Petro sostuvo que Abelardo de la Espriella repitió una idea expresada por su administración sobre la imposibilidad de establecer alianzas con el crimen, aunque le reprochó falta de “autoridad moral”. En esa línea, afirmó que no se debe confundir el “diálogo socio jurídico” propio de las leyes de transición hacia la paz con asociaciones criminales.
Luego precisó dónde ubica esa falla. “La principal falla en la lucha contra estos grupos es que mandos regionales de la fuerza pública, sin generalizar, y dirigentes políticos regionales, sin generalizar, se asocien con los grupos que deben combatir”, escribió.
Para sostener esa afirmación, el político colombiano citó zonas concretas del país. Mencionó al Clan del Golfo en el área minera del nordeste, “desde Buriticá hasta aguas abajo del río Cauca”, al Catatumbo frente al ELN y a mandos de la Policía vinculados, según su mensaje, con el Clan del Golfo en la región Caribe.
En el escrito también respondió sobre decisiones adoptadas dentro de la fuerza pública. Señaló que varios de los oficiales que retiró de sus cargos salieron por “indicios” de incurrir en delitos relacionados con esas asociaciones y objetó cualquier intento de reincorporarlos.
“Muchos de los oficiales de la fuerza pública que retiré lo hice por los indicios de incurrir en estos delitos, mal hace al reintegrarlos”, afirmó Petro. Con esa frase, el exjefe de Estado ligó su defensa de las depuraciones internas con su diagnóstico sobre la infiltración criminal en estructuras regionales.
La crítica no quedó limitada a nombres propios ni a una controversia con el abogado. El mensaje convirtió esa discusión en una objeción más amplia a decisiones que, según el exmandatario, revierten controles aplicados durante su administración.
Los bombardeos, según Petro, matan niños y no golpean a los jefes armados
Otro de los ejes de la respuesta de Gustavo Petro fue el uso de bombardeos contra estructuras ilegales. Petro sostuvo que ese recurso tiene un efecto letal sobre menores de edad, pero escasa eficacia sobre los principales mandos de las organizaciones.
“Muchos bombardeos pueden matar niños pero casi nunca matan los jefes armados de los grupos porque siempre les avisan un poco antes”, escribió. La frase condensó una crítica táctica y moral: el daño recae sobre los más vulnerables mientras los objetivos centrales, según su relato, logran escapar.
El exmandatario colombiano amplió esa idea con otra observación sobre el funcionamiento del narcotráfico. Aseguró que los grandes traficantes de cocaína y de oro no viven en Colombia y que esa clase de operaciones no les hace “ningún rasguño”, porque tras la muerte de 20 colombianos “bajo las bombas” las organizaciones pueden reclutar 30 más.
